La adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) de Corfo al consorcio Associated Universities Inc (AUI) -que integran nueve universidades extranjeras- sigue teniendo coletazos. Hace dos días la Cámara de Diputados aprobó una comisión para investigar supuestas irregularidades en el proceso de licitación y ayer la Corte Suprema declaró admisible el recurso presentado por la Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ASDIT) que busca revertir la adjudicación de ITL al consorcio AUI, en un proceso de licitación en que se acusan errores e irregularidades.
El consorcio ASDIT, integrado por 11 de las principales instituciones de educación superior del país, como las universidades de Chile, Católica, lTécnica Federico Santa María, de Concepción, la de Antofagasta, entre otras, junto a centros de investigación y empresas nacionales e internacionales, resultó segundo en la licitación del ITL que involucra la entrega de recursos por US$ 193 millones en diez años.
Anteriormente, en fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago había negado la admisibilidad del recurso presentado por las instituciones de educación superior chilenas. Sin embargo, tras una apelación presentada por ASDIT, la Corte Suprema revocó la decisión, detallando que "del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el escrito interpuesto se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República".
La licitación
En 2019 comenzó un proceso de licitación para definir el o los organismos que estarían a cargo de la implementación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), centro de investigación e innovación que tiene por objetivo estudiar el desarrollo de energías renovables para una minería con bajas emisiones de CO2, cuya infraestructura se construirá en la región de Antofagasta. En este territorio, además, se basará el desarrollo de una política de estrategia nacional de hidrógeno verde.
Este proyecto representa la mayor inversión en I+D+i realizada en Chile en los últimos años, y, luego de algunas demoras, Corfo adjudicó su realización al consorcio extranjero (AUI), que cuenta con la participación de tres universidades privadas chilenas. Lo anterior, en desmedro de la propuesta presentada por el consorcio ASDIT.
Desde ASDIT argumentan que el proceso de licitación evidenció un conjunto de falencias procedimentales, demoras en la resolución, y que no se tomó conocimiento de la evaluación realizada por un panel de expertos internacionales, quienes entregaron la puntuación más alta a su propuesta.
Además de las acciones judiciales que han llevado adelante las instituciones y organismos que forman parte del consorcio ASDIT, representantes de las universidades han presentado el caso ante la Cámara de Diputados y el Senado, lo que llevó a la presentación de un reclamo de ilegalidad interpuesto por parlamentarios y parlamentarias ante la Contraloría General de la República, así como la conformación de una comisión investigadora en la cámara baja.
Adicionalmente, hace un par de días la Cámara de Diputados aprobó una Comisión Investigadora para estudiar las supuestas irregularidades al proceso de licitación del ITL.
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