A la espera de la publicación en el Diario Oficial y posterior entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobada en agosto pasado, las empresas se enfrentan a un período de adaptación que conlleva obligaciones, riesgos y toma de medidas, pero también abre oportunidades para impulsar el desarrollo de la economía digital del país.
Así lo señaló el exsenador y coautor del proyecto de ley original, Felipe Harboe, quien afirmó que “tener datos adecuados constituye un valor financiero en las compañías, lo que trae una tremenda oportunidad de transferencia transfronteriza de datos, de poder hacer negocios basados en datos”.
El también socio de H&Co Abogados, dijo que Chile tiene hoy un ecosistema jurídico administrativo de regulación de la economía digital con distintas normativas relacionadas y, “por tanto, la adecuación de las empresas no debe ser solo a lo que dice estrictamente la Ley de Protección de Datos, tiene que haber una adecuación más global”.
- ¿Cambió mucho el texto final respecto del que usted presentó junto a otros senadores?
- Pasaron siete años de tramitación, un tiempo muy largo, y en ese tiempo el legislador fue instalando en diferentes cuerpos normativos algunos capítulos regulatorios en materia de datos personales. Así ocurrió, por ejemplo, con el Sistema de Finanzas Abiertas en el marco de la Ley Fintech, en la Ley Marco de Ciberseguridad, y en el artículo 15 bis de la Ley Pro Consumidor, que dio competencias al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en la materia.
Por otro lado, a mi juicio las multas quedaron muy altas, lo que puede significar en algunos casos la afectación de la estabilidad financiera de las empresas. Hasta hace poco se pensaba que el dato era de las empresas que lo administran, y hoy la ley claramente dice que es de cada persona, cada titular, por lo que eso cambia completamente el paradigma.
Esto va a obligar a las compañías, por ejemplo, a depurar sus bases de datos en relación con los consentimientos, con las características y estándares exigidos en la nueva ley. Y eso obviamente genera un manto de incertidumbre en tiempos intermedios entre el período de vacancia de ley y la implementación de la misma, y puede significar que haya ciertos errores, que aparezcan multas, y con ese nivel de multas evidentemente creo que se genera un cuadro de mayor presión a la entidad productiva.
- ¿Cuáles son los principales riesgos que trae esta ley para las empresas?
- El principal riesgo es creer que todo sigue igual y, por tanto, no conocer el detalle de la ley y del ecosistema. Y de ahí, lo primero que les corresponde a las empresas es que sepan qué datos tienen, dónde y cómo los tienen. Otro riesgo es que sigan usando bases de datos que carecen de fuente de legitimidad, porque los consentimientos fueron adquiridos probablemente con la legislación anterior, que era mucho más laxa, y eso es un problema.
La eliminación de las fuentes de acceso público como base de licitud -habilitantes legales para tratar datos personales- es otro riesgo que enfrentarán. Esto va a crear un problema particularmente en aquellas compañías que administran bases de datos públicas, por ejemplo, bases de la Unidad de Análisis Financiero, del Servicio de Impuestos Internos, de la Tesorería General de la República o del Conservador de Bienes Raíces.
También está la multiplicidad de reguladores, porque está la Agencia de Protección de Datos Personales, pero también podría haber un cruce con otros organismos que cuentan con normas en esta materia, como la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el Mercado Financiero, el Sernac, y recientemente, la Dirección del Trabajo.
- ¿Qué oportunidades abre a las compañías chilenas tener esta regulación?
- La ley le va a otorgar valor a algo intangible, que son los datos que hoy día almacenan las empresas. Depurando sus bases de datos y adecuándolas, van a tener un valor adicional que además es muy valorado internacionalmente. Las empresas europeas, por ejemplo, están contratando proveedores latinoamericanos y les exigen bases de datos adecuadas. Van a tener una mayor posibilidad de contratación internacional, mejorando respecto de su competencia tradicional. Tener datos adecuados constituye un valor financiero en las compañías, lo que trae una tremenda oportunidad de transferencia transfronteriza de datos, de poder hacer negocios basados en datos.
- La ley establece dos años de entrada en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, ¿están a tiempo las empresas para adaptarse?
- Muchos creen que va a empezar a regir en dos años más, pero muchas veces están equivocados porque, como el legislador se demoró y ya hay algunas normas vigentes, sea por Ley del Consumidor, o la Ley Fintech, el llamado es a iniciar prontamente los procesos de adecuación para que no se encuentren en el corto plazo con infracciones que pueden aparejar sanciones y sobre todo daño reputacional.
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