Este lunes la Comisión de Constitución del Senado aprobó de forma unánime la idea de legislar el proyecto de ley para postergar la entrada en vigencia de la ley de protección de datos personales en un año, hasta el 1 de diciembre de 2027.
La propuesta regulatoria la
ingresó el Ejecutivo el 1 de septiembre pasado, y este martes la pasará de suma urgencia a discusión inmediata para iniciar su debate en particular en la Comisión de Constitución.
El mensaje presidencial consta de un artículo único y dos transitorios y, en lo principal, posterga hasta el 1 de diciembre de 2027 -12 meses- la entrada en vigencia de la ley, aumenta de tres a cinco los consejeros del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales y establece que este se renovará parcialmente cada dos años.
El Ejecutivo, representado por el ministro (s) de Economía, Karlfranz Koehler, y la subsecretaria de la secretaría general de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, argumentó que el objetivo del proyecto es tener una “institucionalidad rectora bien constituida y fortalecer el gobierno corporativo” de la futura agencia.
Koehler reconoció que la implementación de esta ley “ha sido compleja” y pidió a los senadores tener presente el contexto económico del país y la amplitud de los sectores regulados, lo que -a juicio del gobierno- justificaría una puesta en marcha gradual.
“A diferencia de otras leyes, esta exige cambios relevantes para instituciones privadas y públicas en cuanto a su aplicación. Requiere un cambio que es de cultura. La pregunta que nos hicimos fue cómo permitir que las instituciones puedan transitar desde el lugar en que están para aplicar este cambio”, dijo el ministro (s).
El exsenador Felipe Harboe fue invitado a la comisión. Foto: Senado
Consejo
Respecto del aumento de tres a cinco consejeros para la agencia regulatoria, Koehler dijo que con los tres integrantes que contempla -que aún no han sido nombrados- “no necesariamente podría sesionar”, por falta de quorum, y que “era razonable” adecuarlo a la luz de la experiencia internacional y de otras instituciones locales como la CMF o el Banco Central.
Además, el Ejecutivo mostró el cronograma para la instalación de la agencia en caso de que el Congreso apruebe la postergación, el que consta de 12 meses para nombrar el consejo y 90 días para proponer los estatutos, además de dictar normas generales con consulta pública, establecer procedimientos y registro de sanciones, y realizar labores de orientación a los regulados y difusión.
“Hemos recibido decenas de solicitudes (de empresas) sobre la aplicación de la ley con muchas inquietudes y dudas”, dijo Koehler y pidió a los senadores que “tengan en consideración al mundo Mipyme”.
La propuesta de Harboe
La comisión tuvo como invitado a Felipe Harboe, exsenador, coautor de la ley y actual abogado asesor de empresas que buscan adecuarse a la futura normativa.
Durante su intervención, dijo que una eventual postergación de la ley “podría extender los abusos si no se toman resguardos legislativos”.
Si bien manifestó que entiende parte de las razones del Ejecutivo, sugirió a los senadores realizar una postergación parcial, de manera escalonada y no total de la ley.
En esa línea, propuso a la comisión -con redacción incluida- mantener la entrada en vigencia para el 1 de diciembre próximo para las normas sustantivas de la ley, como los principios, derechos y obligaciones, y para la creación y puesta en marcha de la agencia, pero postergar para 2027 sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias.
Agregó que, si se sigue esta recomendación, se podría usar el período del año para una “adecuación asistida”, con la entrada en vigencia de las obligaciones, pero sin cursar sanciones en caso de incumplimiento.
Respecto de la propuesta del Ejecutivo para aumentar a cinco los consejeros de la agencia, Harboe se mostró a favor: “El argumento parece muy sólido y correcto”, dijo.
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