Finalmente, este martes, el gobierno ingresó al Congreso, por el Senado y con suma urgencia, el proyecto que modifica la Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, para postergar un año su entrada en vigencia, originalmente fijada para el 1 de diciembre de este año.
El mensaje del Ejecutivo consta de un artículo único y dos transitorios y, en lo principal, posterga hasta el 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la ley, aumenta de tres a cinco los consejeros del Consejo Directivo de la Agencia y establece que este se renovará parcialmente cada dos años.
El gobierno dio cuenta al Senado del ingreso del proyecto de ley, que será discutido en las comisiones de Constitución y Hacienda.
La Ley de Protección de Datos Personales, que crea la Agencia de Protección de Datos Personales, fue aprobada en 2024 y se aplica a personas naturales, jurídicas y órganos del Estado que realicen tratamiento de datos personales y establece una serie de obligaciones, multas de hasta UTM 20 mil -unos $ 1.400 millones- y sanciones por reincidencia de infracciones graves y gravísimas solo para grandes compañías. La futura Agencia de Protección de Datos Personales dictará las normas e instrucciones y ejercerá la labor de fiscalización y sanción.
La iniciativa ingresada por el gobierno al Congreso no cambia el núcleo del nuevo régimen de protección de datos, sino que modifica su calendario de implementación y la estructura de la agencia.
“El objetivo es contar con un plazo adicional que permita asegurar una implementación gradual, coordinada y sistematizada del muevo régimen jurídico”
El objetivo declarado por el Ejecutivo en el cuerpo de la propuesta “es contar con un plazo adicional que permita asegurar una implementación gradual, coordinada y sistematizada del nuevo régimen jurídico (...) y que la institucionalidad creada cuente con las condiciones adecuadas para dar inicio al ejercicio de sus funciones”. Nuevos plazos para el Consejo
En mayo pasado, el Senado rechazó la terna propuesta por el Presidente José Antonio Kast para integrar el Consejo Directivo de la agencia y, en junio, venció el plazo legal para la designación de los consejeros -seis meses antes de la entrada en vigencia de la ley-, lo que sembró dudas sobre el futuro de la instalación del organismo y la aplicación de la nueva normativa.
El proyecto de ley se hace cargo de estos plazos y establece que la primera designación de los integrantes del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales deberá efectuarse, a más tardar, 12 meses antes de la entrada en vigencia de la ley, es decir, el 1 de diciembre de este año.
Además propone que, desde su nombramiento, los consejeros reciban mensualmente la remuneración que les corresponda. Durante ese período, se les exigirá dedicación exclusiva y estarán sujetos a las incompatibilidades que establece la ley, con el objeto de evitar conflictos de interés. Esto porque, incluso antes de la entrada en vigencia plena del sistema, deberán participar en tareas de instalación de la Agencia, elaboración de normas, políticas internas y estatutos.
Uno de los artículos transitorios establece que “si a la fecha de publicación de la presente ley faltan menos de 12 meses para la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719, fijada en el numeral 2 del artículo único de la presente ley, la primera designación de los consejeros del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes a la referida publicación”.
El otro artículo transitorio, en tanto, señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta regulación durante su primer año de vigencia se financiará con los recursos que se contemplen en el presupuesto del Ministerio de Economía y, de ser necesario, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público del año presupuestario correspondiente.
El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, dijo a DF: “Esperamos que este proyecto genere un amplio consenso y avance con rapidez en el Congreso. Es una iniciativa necesaria para asegurar una implementación seria y responsable de la nueva ley”.
En tanto, desde el Ministerio de Economía, el biministro Daniel Mas señaló en un comunicado que la propuesta del Ejecutivo “busca resguardar el objetivo de la nueva legislación y, al mismo tiempo, asegurar que pueda aplicarse de manera efectiva”. Además, destacó la relevancia de esta reforma para el país y afirmó que “nuestra responsabilidad es que entre en vigencia con una institucionalidad preparada, reglas claras y condiciones que permitan su adecuado cumplimiento”.
Agregó que el período adicional permitirá también que los organismos de la Administración del Estado, municipalidades, servicios públicos y actores del sector privado puedan adecuar sus sistemas, procesos y estructuras internas a las nuevas obligaciones.
“Con ello, se busca disminuir la incertidumbre y evitar costos innecesarios derivados de una implementación apresurada de una normativa de amplio alcance”, dijo. Aseguradores valoran proyecto
El director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, Marcelo Mosso, valoró que el gobierno haya ingresado un proyecto para postergar en un año la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales y afirmó que este plazo “puede contribuir a que la ley se implemente con una institucionalidad preparada y criterios que entreguen certeza para su correcta aplicación”.
Agregó en un comunicado que la legislación vigente reconoce “el tratamiento de datos con fines estadísticos y de tarificación”, disposición que no quedó recogida de la misma manera en la nueva ley, lo que deja los procesos que hacen posible la actividad aseguradora “sin una base legal expresa para el tratamiento de esos datos (...) La postergación es una oportunidad para revisar esta materia”.
Felipe Harboe, socio de H&CO Abogados y exsenador, lamentó el retraso en la entrada en vigencia de la ley. “Eso no habla bien del país”.
Para el abogado, la decisión del Ejecutivo es una responsabilidad compartida. “Por un lado tienes a un gobierno que probablemente no entendió la magnitud de la transformación que tenía que hacer en el sector público. Por otro lado, hay ciertas presiones de industrias que ven en la postergación la posibilidad de seguir usando de manera indiscriminada los datos de las personas”, afirmó.
Harboe planteó una “modalidad intermedia”: postergar la entrada en vigencia solo en el capítulo de fiscalización y sanciones, permitiendo que los plazos sigan corriendo. A su juicio, esto evitaría consecuencias con la Unión Europea, ya que Chile tiene un “compromiso formal para implementar la normativa y la agencia”.
También indicó que el propio mercado se encargará de discriminar a las empresas que no se adecúen, porque las compañías que ya lo hicieron no contratarán servicios que las pongan en riesgo.
El exparlamentario señaló además, que la postergación no implica ausencia de sanciones, dado que siguen vigentes el recurso de protección y la tutela de derechos.
Harboe valoró el aumento del número de consejeros de la agencia -propuesta que él mismo planteó en DF- y la exigencia de dedicación exclusiva para el cargo. “Un regulador con potestad de sancionar hasta con UTM 20 mil o el 4% de las ventas no parece lógico que pueda estar trabajando en paralelo”, sostuvo.
RUBY SOTERAS, DELOITTE LEGAl
“Era necesario dar un espacio para que el gobierno pudiera levantar esta nueva institucionalidad”
La socia de Deloitte Legal, Ruby Soteras, calificó la postergación como “una solución práctica”, aunque con matices.
“La agencia tenía que estar operativa en junio y todavía no existe. Era necesario dar un espacio para que el gobierno pudiera levantar esta nueva institucionalidad”, comentó.
Además, la abogada explicó que la agencia es necesaria -además de fiscalizar- para ejecutar actos previos a la entrada en vigencia que permitieran a las empresas implementar correctamente la ley y a los titulares de datos ejercer sus derechos. No obstante, advirtió que un nuevo aplazamiento deja a Chile competitivamente por debajo de otras jurisdicciones con estándares más elevados.
Respecto del aumento de consejeros de tres a cinco, Soteras indicó que tiene una lógica institucional, pues corría el riesgo de no cumplir con el quórum para sesionar, aunque señaló que será un desafío encontrar a cinco personas idóneas para el cargo considerando que ya tuvo problemas.
En cuanto al impacto en las empresas, la abogada señaló que la postergación genera un efecto contradictorio. Por un lado, dijo que la existencia de una ley con fecha de entrada funcionaba como “acelerador” del cambio cultural necesario para implementar la norma, y al postergarse ese impulso se desvanece.
Por otra parte, un estudio que publicarán junto a la Cámara de Comercio de Santiago revela que la madurez de las empresas es “dispar y heterogénea”: las del sector financiero y del retail están más avanzadas, mientras que las de menor tamaño recién estaban partiendo este semestre.
STELLA MUÑOZ, FERRADANEHME
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