“La actual legislación que regula el lobby descorrió el velo, sinceró y transparentó las relaciones y negociaciones entre el sector público y el sector privado. Estas relaciones siempre existieron en Chile, desde el nacimiento de nuestra República. Sin embargo, fueron siempre reservadas, cuando no opacas. La Ley de lobby arrojó luz sobre esas relaciones. Convirtió en un asunto de interés público lo que antes fue materia reservada”, dice Enrique Correa a DF MAS.
El filósofo y exministro de Patricio Aylwin fue el primer político chileno que se reconoció como lobista. Y hoy, a través de su empresa, Imaginacción, está detrás de una propuesta para reformar la actual ley que planean presentar a la brevedad a la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Ana Lya Uriarte.
Correa insiste en que “la actual ley ha cumplido un gran papel”, dado que al amparo de ella “cualquier ciudadano puede informarse de las conversaciones entre funcionarios del sector público y representantes de intereses privados o particulares”, pero opina que, a casi diez años de su implementación, necesita una reforma. Ahí, agrega, hay un tema que es ineludible: “Siempre hemos pensado que el corazón de una legislación sobre el lobby debiera ser un registro de lobistas”. Y explica que “es indispensable que la Ley consagre una separación tajante entre la actividad del lobby, que es legítima, y el tráfico de influencias, que es un delito”.
Por lo mismo es tajante y cree que una nueva legislación respecto a esta actividad “debiera contemplar sanciones fuertes a quienes, aparentando desarrollar acciones de lobby, practiquen tráfico de influencia”, enfatiza.
El presidente de Imaginaccion también es crítico con la poca participación de las empresas en los cambios a la normativa. “Llama la atención que el análisis sobre la misma proviene desde instituciones del Estado y la academia, pero no desde empresas que ejercen la actividad.
Por eso, argumenta que como empresa que se dedica a esta actividad tienen la responsabilidad de aportar al debate. “Se vuelve imperioso que la empresa de Imaginaccion Asuntos Públicos asuma como una responsabilidad y un desafío sugerir mejoras en torno al rol de quienes ejercemos el oficio”, sostiene.
Una promesa de campaña
Esta reforma fue prometida por el Presidente Gabriel Boric en su primera Cuenta Pública y hace unos días la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, anunció un proyecto en este sentido.
“Esperamos atentos que el proyecto sea ingresado al Congreso y participar del trámite legislativo de forma activa como profesionales de los asuntos públicos, mediante conocimientos y propuestas. Solicitaremos audiencias con la subsecretaria Lobos y también con diferentes congresistas, para entregar como insumo el documento”, precisa a su turno el gerente de Imaginaccion Asuntos Públicos, Ignacio Imas.
“Las democracias y los sistemas políticos van evolucionando hacia una dirección donde la ciudadanía nos pide mayores estándares de transparencia, tal como lo hemos visto en el país los últimos años”. Y si bien Chile ha sido un pionero en regular el lobby, se requiere un aggiornamento. “Quedarnos con la ley tal cual está, sería un retroceso en lo que se refiere a las relaciones de transparencia entre el sector público-privado”, asegura Imas.
Pese a la promesa de Boric, el tema es espinudo. De hecho, la actual ley demoró 10 años en su tramitación: fue anunciada por Ricardo Lagos en 2003 y tras una década, fue promulgada el 08 de marzo de 2014, días antes de que Sebastián Piñera terminase su primer período de gobierno, y que asumiera por segunda vez Michelle Bachelet Jeria.
Registro de lobistas
La Segpres, a cargo de Ana Lya Uriarte, tiene entre sus proyectos modernizar la ley de Lobby.
¿Qué plantea Imaginaccion? Sugiere que exista un registro único de lobistas y gestores de intereses particulares, con carácter público, en el cual tanto personas naturales y empresas que realicen esta actividad, tengan la obligación de inscribirse. Así, la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer a las compañías y personas quienes, de manera legal y transparente, ejercen el oficio. Y es que, según sostiene la firma, “quienes hoy ejercen la representación de intereses particulares o lobby tienen mínimas exigencias y las sanciones son inexistentes”.
Por ello, proponen elevar las sanciones y multas para los lobistas y gestores de intereses asociados con la obligación de integrarse al registro, o cualquier otra que mandate la Ley de Lobby. Y sugieren que lobistas como gestores de intereses tengan prohibición de aportar a campañas políticas.
Además, recomiendan que las autoridades y funcionarios informen otros tipos de comunicación y que no solo sea la de una audiencia formal. “La audiencia como un medio de diálogo entre instituciones, lobistas y sujetos pasivos, ha quedado sobrepasada por la comunicación vía correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc”, explican.
También proponen ampliar la nómina de sujetos pasivos a otros actores que pueden estar relacionándose con gestores de intereses y lobistas. Por ejemplo, candidatos y candidatas presidenciales, los que sugieren que sean ingresados desde que son inscritos en el Registro Especial de Candidatos por el Servicio Electoral, tanto para el proceso de primarias como para la elección definitiva. Lo mismo debe ocurrir con las candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, plantean.
Según Imaginaccion, esta necesidad quedó en evidencia en el debate presidencial de Anatel de septiembre de 2021, donde la candidata Yasna Provoste le enrostró a Sebastián Sichel que en el pasado hizo lobby por la industria del gas. “El emplazamiento se instala con fuerza en la opinión pública y surgen numerosas dudas al respecto, como si se tratara de algo que pocos se atreven a hablar”, hace ver Imaginaccion.
Hoy existe una variable que diferencia a los lobistas de los gestores de intereses, que es la remuneración por dicha actividad: a los primeros se les paga; a los segundos, no. Pero esta línea divisoria es sutil: en ambos casos se busca influir en la toma de decisiones de las autoridades, que en ocasiones tienen de forma indirecta relación con recursos financieros.
En esto la compañía de Correa propone que se pueda rediseñar la única variable que diferencia a ambos roles, así como redefinir a ONG, think tanks, y otras instituciones para que sean repensadas según el objetivo de sus gestiones.
Regular la “puerta giratoria”
¿Cómo regular cuando se transita del sector público al privado? En Chile, no existe una prohibición al respecto. Imaginaccion plantea que exista un “período de enfriamiento” de seis meses, sin pago por parte del Estado, antes de que una persona que trabajó en el sector público pueda pasar al privado, y así evitar conflictos de intereses y tráfico de influencias. Ignacio Imas enfatiza que esto aplicaría a labores relacionadas con tu función en el Estado. Por otro lado, también proponen prohibir trabajar en el Estado a personas con vínculos directos consanguíneos con quienes realizan lobby y gestiones de intereses.
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