Meiggs: Signos de descomposición social
Los hechos ocurridos en Meiggs el pasado primero de mayo, y que se suman a lo ocurrido semanas atrás en una marcha estudiantil, dejan un saldo preocupante: dos jóvenes en riesgo vital producto de ataques perpetrados por civiles y nuevas evidencias respecto a la operación de bandas delictivas que controlan territorio.
Durante la semana, grupos de comerciantes del barrio tensionaron a la prensa, acusando una desconexión de las elites respecto a la realidad cotidiana que ellos viven en su lugar de trabajo. Reclamaron también abandono por parte del gobierno y reivindicaron su derecho a defender su propiedad, incluso si esto implica el uso de armas de fuego.
En la mira de la opinión pública está, nuevamente, Carabineros y su incapacidad para asegurar el orden y desbaratar al crimen organizado estando presente en ambos hechos, alimentando las hipótesis de vínculo de la institución policial con las mafias y con ello, la desconfianza.
Todos estos hechos son signos de descomposición social. Cuando esto ocurre, se genera un ambiente enrarecido, de justificación de la violencia y se abre la puerta al populismo autoritario.
Lo que ocurre en Meiggs es producto de un cúmulo de problemas largamente diagnosticados, pero no enfrentados: crecimiento urbano desregulado y no planificado con criterios de bienestar (Estación Central es un ícono de los guetos verticales y la depredación inmobiliaria), informalidad y precariedad laboral, escasez de servicios públicos, ineficacia de la acción policial, etcétera. La situación no va a mejorar si no se hace frente a sus causas.
Es una tarea compleja, pero insoslayable. La manera en que el gobierno aborde la situación del barrio Meiggs y los resultados que obtenga, serán un índice de cumplimiento de la promesa hecha en campaña de devolverle a las y los chilenos los barrios tomados por el narco y las mafias.
Los patriotas y la marquesa
Un tema forzado de la semana fue el arribo al país de Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa y diputada española de ultraderecha, y su portada en LUN. La visita, organizada por el empresario Nicolás Ibáñez y secundada por otras figuras como la convencional constituyente Marcela Cubillos, se enmarca en la estrategia del Rechazo que una parte de la derecha está desplegando con decisión.
La marquesa concentró sus críticas en la amenaza que el proceso constituyente representaría para la unidad de la nación y fue directo en contra de la definición del Estado como plurinacional y de elementos como el pluralismo jurídico. Acusa la imposición de políticas identitarias basadas en el discurso victimizante de sectores que denuncian opresiones históricas y que por lo mismo reclaman “derechos especiales y privilegios”.
Más allá de que los argumentos de Álvarez de Toledo pueden ser discutidos y desarmados, insuma al Rechazo en la capacidad de sus explicaciones para engarzarse con elementos del sentido común popular.
Sin embargo, el problema de esta élite es recurrente en nuestra historia, la obstaculización de los cambios apelando a la unidad, su unidad, que moviliza el sentimiento de injusticia social que es el resultado de su propia concentración de privilegios. Podrá ser una estrategia que se aprovecha del proceso de cambios, pero no olvidemos que eso fue lo que estalló.
Salario mínimo: cuando prima el diálogo social
Esta semana la Cámara de Diputados y Diputadas despachó el proyecto de Ley que aumenta el salario mínimo en dos fases hasta llegar a 400.000 en el mes de agosto.
Es una buena noticia no solo porque avanza el proceso legislativo de un proyecto que significará el mayor aumento del salario mínimo en casi 30 años y en un contexto inflacionario que ha hecho caer un 1,8% los salarios reales en el último año (caída que podrá ser contenida de ser aprobado el proyecto), sino por la forma dialogante con la que se llegó a elaborar esta propuesta presentada por el gobierno.
Como se sabe, el aumento del salario mínimo fue uno de los elementos fuertes de la campaña de Gabriel Boric. Por lo mismo, y dadas las condiciones económicas actuales, el gobierno definió que sacar adelante este proyecto fuera una prioridad para la cartera de trabajo.
La estrategia que se desarrolló fue la de un amplio diálogo social que involucró a trabajadores, empresarios y gobierno y que resultó en una propuesta que recogió expectativas y preocupaciones de las distintas partes implicadas.
Resulta indicativo el subsidio que recibirán las Pyme para cubrir la diferencia para alcanzar el nuevo monto del salario mínimo y que permitirá mejorar las condiciones salariales de las y los trabajadores protegiendo a su vez a este tipo de empresas con menos capacidad para absorber el costo económico de la implementación de esta medida.
La forma en que este proyecto de ley se elaboró muestra un camino para recomponer el vínculo entre la política y la sociedad que puede ser distintivo de este gobierno: la política como espacio de diálogo social, de confrontación de ideas y como herramienta para mejorar la vida de las personas y comunidades.
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