Ley de Presupuesto 2023, avance descentralizador
Luego de más de 200 años de historia republicana las regiones pudieron elegir a su autoridad: el o la Gobernadora Regional, quienes no sólo han tenido el desafío de ser los primeros en ejercer este cargo, sino que de poner en marcha el proceso de descentralización gestionando el desarrollo de sus territorios, con ejercicios más autónomos y cumpliendo con los programas por los cuales fueron elegidos.
Uno de los elementos relevantes que las y los gobernadores instalaron en la discusión apenas asumieron en julio del año pasado, fue la necesidad de contar con mayores recursos y flexibilidad para el uso de ellos, quedando pendiente una elaboración presupuestaria se particular para los gobiernos regionales y no contenida en el programa presupuestario de un ministerio (Interior) como lo es hoy.
Hoy podemos constatar que en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 se contempla explícitamente la partida Gobiernos Regionales, integrando en esa discusión los líderes regionales electos democráticamente, lo que va en línea de fortalecer el proceso de descentralización gradual y responsable que el país y sus regiones merecen.
Desde el trabajo en la regiones y comunas de Chile hemos constatado un diagnóstico claro de las autoridades regionales, capacidad de innovar, un trabajo coordinado con alcaldes e invitaciones concretas y la sociedad civil para enfrentar los complejos problemas que ha generar la extrema desigualdad territorial que vive Chile.
Crisis de confianza: sociedad civil y gobernanza
La crisis política e institucional que vive Chile en los últimos años tiene directa relación con los niveles de confianza entre personas e instituciones. La valoración que permite generar confianza en las instituciones hoy no sólo dice relación con el desempeño asociado rendimiento y producción de servicios, sino a aspectos relacionales que los y las chilenas valoran positivamente como la trasparencia, empatía y responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos que se establecen en esas relaciones.
En el reciente estudio Icreo 2022 Almabrands, que mide el nivel de confianza que tienen las personas sobre diversas instituciones, muestra un leve aumento, luego de la situación crítica del año 2019, tanto en el gobierno, medios y empresas, sin embargo, existe un tipo de instituciones que marcan la diferencia y que a lo largo del tiempo ha mantenido su valoración ciudadana, estas son las organizaciones de la sociedad civil.
Generar procesos de nueva gobernanza entendida como mecanismo de gobierno donde el Estado abre espacios a actores privados y de la sociedad civil, para llevar adelante políticas públicas, programas y proyectos, son claves para construir confianzas y dar un salto al desarrollo desde los territorios.
Debate Constituyente: Autonomía a las regiones y comunas
En las últimas semanas los partidos políticos han discutido sobre cuál y cómo será el nuevo proceso constituyente. Los desacuerdos han primado, hay hasta quienes pretenden desconocer el contundente resultado que obtuvo en el plebiscito de entrada la demanda por un cambio de la actual constitución el 25 de octubre del 2020.
Independientemente de cuál sea el mecanismo, es clave considerar en el nuevo texto los temas que antes y durante el proceso constituyente han generado consenso como es la profundización de la descentralización política del país.
Cabe recordar, que con votos transversales y más del 75% de los convencionales se aprobó la generación de un “Estado Regional” o también conocido con estado unitario descentralizado, que buscaba cambiar la visión sobre la distribución territorial del poder, creando regiones y comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales, contribuyendo al desarrollo sostenible y armónico de las distintas zonas del país, en especial, las que presentan hoy mayor rezago y fortaleciendo la democracia con altos nivel de participación también consagrados en el texto.
Es fundamental reconocer la capacidad de ‘gobierno’ y no sólo ‘administración’ a escala regional y comunal, así como consagrar el desarrollo equitativo de los territorios con sus particularidades y diversidad. Hacer congruentes las atribuciones, las capacidades y los recursos, así como el principio de subsidiaridad territorial para promover el desarrollo de políticas públicas de abajo hacia arriba respetando primero el nivel local, regional y luego nacional en su implementación.
Por último, la solidaridad interregional, pues sabemos que, por atributos geográficos e históricos, hay regiones que presentan altos nivel de pobreza y rezago para las cuales las regiones más aventajadas deben colaborar para revertir los altos nivel de desigualdad regional que vive el país.
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