La política de la indignación
Durante la semana circuló por redes sociales una publicación antigua del académico y miembro del directorio de Metro Nicolás Valenzuela apoyando la evasión masiva durante el estallido social. La polémica propia de las cuestiones que se discuten en redes sociales ha escalado, siendo ampliamente recogida por la prensa (el viernes 14 El Mercurio publicó una entrevista a página completa al ex presidente de Metro Louis de Grange) y por la derecha, cuyos partidos han condicionado la aprobación del presupuesto del metro a la renuncia de Valenzuela.
Este ejemplo da cuenta de una dinámica que domina la política contemporánea y es lo que se podría denominar una política de la indignación. Las redes sociales funcionan en base a generar reacciones rápidas y tajantes y a mayor indignación producida, mayor es la probabilidad de que actores políticos escalen el tema. Esto no es algo exclusivo de un sector político, pero se exacerba cuando se está en la oposición, como forma de golpear al gobierno de turno. El problema es que esta indignación acepta pocos matices respecto de la gravedad de las acusaciones.
Puede ser cuestionable el apoyo a la evasión del transporte público, pero es una táctica no violenta y no se puede sacar tal apoyo del contexto particular en que se encontraba el país (según encuestas de la época, una mayoría de chilenos apoyaba la evasión como estrategia legítima de protesta). Ni es evidente tal opinión en ese contexto sea relevante para las decisiones que debe tomar el directorio de la empresa. El caso parece insertarse más bien en la ofensiva de parte de la oposición por aumentar su control de la agenda, validando en el proceso esta práctica de la indignación colectiva frecuentemente acompañada por la desmesura.
Proceso constituyente
Las negociaciones por un nuevo proceso constituyente mostraron cierto avance en la definición de “los bordes constitucionales”, pero un acuerdo no parece cerca. En el período que ha pasado desde el rechazo de la propuesta constitucional, la discusión de un nuevo proceso ha sido utilizada por partidos y figuras individuales dentro de los mismos para ganar protagonismo. La derecha mantiene control con señales confusas respecto al real interés de iniciar un nuevo proceso (probablemente reflejando divisiones en sus bases), buscando capitalizar el resultado del plebiscito. Pero es el Partido de la Gente el que se empieza a perfilar como uno de los grandes ganadores de esta coyuntura, buscando representar ese votante del Rechazo menos alineado con la tradicional escala izquierda-derecha. Su rol en la mesa paralela, y los intentos por desconocer el acuerdo para la Presidencia de la Cámara de Diputados, apuntan en esa dirección.
El TPP11 y la visión estratégica
Tras años de tramitación, finalmente el Senado dio la aprobación final al TPP-11, cuya discusión ha causado considerable polémica desde su ingreso. Esta aprobación ocurre a pesar de que no era parte del programa de gobierno y que Apruebo Dignidad se mantiene contraria a su ratificación, mientras que los senadores del Socialismo Democrático votaron divididos. En este sentido, y aunque el gobierno ha venido matizando su postura respecto al tratado, parecía la oportunidad para aceptar la derrota y dar por cerrado el tema.
La estrategia adoptada, en cambio, ha sido la de demorar la promulgación del tratado hasta que se resuelvan las negociaciones por las side letters, esto es, negociar con cada país mecanismos alternativos a los establecidos en el tratado para la resolución de controversias, la materia que hoy genera mayor oposición en el gobierno. Se ha anunciado que México y Nueva Zelandia ya habrían aceptado las cartas y las conversaciones se encuentran avanzadas con otros países.
El debate no es si el gobierno debe o no renunciar a sus aspiraciones, sino si la estrategia elegida es la mejor. Por una parte, se mantiene un flanco abierto con la promulgación pendiente. Por otra, se ha dado a entender que la promulgación va a ocurrir igual cuando se obtenga la respuesta de las side letters, sean éstas positivas o negativas. Asumiendo que es poco probable que surja la necesidad de recurrir al mecanismo de resolución de conflictos en el corto plazo, se podría haber promulgado y en caso de que las negociaciones sean fructíferas, anunciarlo como un triunfo para el gobierno. Con la estrategia adoptada, en cambio, los costos de un fracaso aumentan.
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