La explicación oficial es que fue un robo común. Si bien la vocera y el propio ministro Jackson señalaron con claridad durante la mañana del jueves que detrás de esto había una clara intencionalidad política, durante las horas siguientes la minuta varió sustantivamente y lo que en un momento les era inverosímil pasó a ser la posición gubernamental.
No hay que tener un postgrado en conspiraciones para pensar que la historia que debemos aceptar es al menos extraña y que si ocurrió tal como nos dicen, la probabilidad era una en un millón de que resultara exitosa. Y lo fue.
No estamos aquí para elaborar teorías (que las tengo) y menos para apuntar a posibles culpables (que no los tengo), por lo que como columnista responsable me concentraré solo en las certezas que deja el caso y la principal es la profunda fragilidad de nuestro Estado.
Todo lo que sabemos del robo que afectó al Ministerio de Desarrollo Social muestra el total descontrol y descuido con que es tratada información valiosa de la República. Todos los dardos se concentran en la chimuchina política buscando la forma de dañar al adversario y queda de lado lo preocupante y vergonzante que con un esfuerzo menor se hayan llegado a robar el computador del propio ministro. Increíble.
La ausencia total de protocolos o de seguridades mínimas muestra que enfrentamos una situación altamente preocupante. Estamos en el peor de los mundos, pues quienes han tenido la oportunidad de servir al país desde la función pública se quejan amargamente de la infinita burocracia que impide realizar una gestión adecuada, pero a la vez ese mismo Estado que maneja un presupuesto anual de más de 80.000 millones de dólares es una verdadera chacota a la hora de proteger sus recursos y datos.
Probablemente el cuento del tío en este caso es solo un ingrediente más de una historia que nunca sabremos en forma completa, pero que sea la señora encargada del aseo del Ministerio de Desarrollo Social la que resguarde los intereses de la Nación habla bien de ella y menos bien de nuestro Estado.
Es imposible no vincular este incidente con lo ocurrido con el caso de los convenios con fundaciones con vínculos con la política. La precariedad del Estado para resguardar los dineros de los contribuyentes también pasó a un segundo plano, ya que las implicancias políticas se llevaron todas las cámaras. Bastó que dos o tres compañeros de partido se pusieran de acuerdo para que se implementara una danza de millones con destino incierto.
Si la cifra superaba el límite de Contraloría, muy fácil, se fraccionaba en tres pagos y todos tranquilos. Un mínimo control, que abunda y sobreabunda para materias diarias de los ministerios, aquí estaba totalmente ausente. Es cierto que contra la mala fe muchas veces hay poco que hacer, pero uno esperaría que los malandrines encontraran algún tipo de obstáculo antes de apropiarse de los recursos de todos los chilenos.
El Estado está siempre pidiendo más a los contribuyentes, casi siempre las razones que da son nobles, como no asegurar sala cuna universal o una pensión mínima decente para los pensionados, pero dan pocas ganas de sumarse a ese esfuerzo cuando se observa a diario la desprolijidad con que se manejan los ingentes recursos con que ya cuenta. Ese es el verdadero cuento del tío aquí.
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