Me cuesta mucho ver una serie o una película en la cual uno no quiere a nadie, más aún si son varias temporadas. Ahí está la maravillosa Ruth en Ozark para que uno pueda tolerar el nihilismo de Marty y Wendy Byrde. Cómo no querer a la aproblemada Carrie Mathison quien salva al mundo capítulo tras capítulo en Homeland gracias al respaldo a ojos cerrados de Saul Berenson, independiente de la embarrada que se mande, sólo así es posible aguantar a tanto terrorista buscando destrozar la civilización occidental. Para qué decir el inteligentísimo detective Steve Arnott, quien sin despeinarse demasiado combate la corruptela de la policía británica en la fantástica Line of Duty. Por eso mismo me ha sido muy difícil seguir la serie de las Isapres, pues definitivamente detesto a todos los personajes.
Partamos por las propias Isapres. Han sido actores de una industria en la cual, salvo que uno dedique su vida a ello, es imposible entender la multiplicidad de planes, condiciones, letra grande y chica y no se trata de ser mal pensado, pero la opacidad en que han navegado durante años es bien improbable que haya sido en beneficio de los usuarios. Adicionalmente son parte de una industria con malos incentivos donde no parece haber la estructura regulatoria adecuada para controlar costos y donde éstos son traspasados con una frecuencia un tanto agobiante a sus clientes. Da la sensación también de que el problema (problemón) en que están metidas hoy pudo haber sido resuelto en el pasado si hubiesen sido un poco más colaboradores con la autoridad, pero estiraron el elástico todo lo que pudieron y éste, como muchos otros elásticos en el país, se terminó por cortar.
Hoy las isapres se encuentran frente a la amenaza de una quiebra generalizada dado el fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolver a sus usuarios una cantidad exorbitante de dinero por cobros indebidos, además de poner en tela de juicio la viabilidad del negocio hacia adelante. Más allá de la discusión del fondo del fallo del principal tribunal del país, claramente con éste actuó como colegislador poniendo a toda una industria al borde del precipicio. Una cosa es que la justicia sea ciega y otra es que no sopese los efectos catastróficos que pueden traer sus sentencias. El ensimismamiento no parece haber sido un buen consejero en este caso, y ha provocado un riesgo sistémico del cual parecen no estar conscientes.
Por último el gobierno. Envían un proyecto de ley que simplemente sentencia a su muerte a la industria privada de salud y con ello pone en riesgo la atención de más de tres millones de usuarios. Señalan que ellos no provocaron el problema, cosa que es cierta, pero se les olvida que los gobiernos no están para arreglar sólo sus desaguisados (no pocos en este caso) sino para resolver los problemas del país. Dado que nadie quiere a las Isapres (yo tampoco) han visto en esto una oportunidad de traspasar los costos de un eventual salvataje a la oposición y han salido olímpicamente a hacer política en vez de resolver el problema y así intentar de dejar atrás el mazazo recibido en la elección del domingo pasado. De más está decir que tampoco les molesta demasiado que el sistema privado cruja, y poder implementar su sueño húmedo del Estado como gran proveedor.
Nadie se salva en esta serie, lo más lamentable y triste es que probablemente tampoco lo hagan los enfermos.
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