De milagro el último temporal institucional que sufrió el país no se llevó a las AFP consigo. Las pensiones eran y son bajas y con ello todas las miradas se concentraron en quienes las administraban. De poco sirvió en ese momento que intentaran comunicar que habían sido unas gestoras diligentes y que una parte relevante de los fondos que estaban en las cuentas correspondía a la rentabilidad obtenida a través de los años. El mensaje era tardío y excesivamente cuantitativo cuando tenía que enfrentar las historias dramáticas de pensionados viviendo en condiciones paupérrimas para delicia de políticos y matinales.
Para quienes siempre valoramos el sistema de capitalización individual era especialmente frustrante observar cómo pasaban los años y los salarios bajos, las importantes lagunas al cotizar, el envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida y la baja tasa de cotización iban conformando un cóctel que solo podía terminar mal. La respuesta de las AFP frente a las arremetidas contra el sistema fue siempre “nosotros cumplimos la ley”, lo que era inobjetable desde un punto de vista jurídico pero muy débil desde un punto de vista político institucional.
Por supuesto que la responsabilidad de haber llegado al borde del precipicio no fue solo de las propias AFP sino de la cobardía del sistema político de no hablarle con claridad a la ciudadanía. Pero cuando se ha privatizado la administración de la seguridad social, quien lo administra tiene una responsabilidad muchísimo mayor que la de cualquier privado en un mercado competitivo. Las antenas debiesen estar permanentemente alerta para entregar información adecuada a la población mucho más allá del mero cumplimiento legal. A la entrada de cada AFP debiese haber una foto de Pamela Jiles frente a la cual sus directores se persignen al pasar. Si no fuese por ella y sus malditos retiros quién sabe la historia que hoy se estaría contando. Las quiso destruir y las validó.
Pero las AFP y sus dueños son duros de mollera. Pusieron todos los palitos posibles a las ruedas de la reforma previsional en todo lo que les significara mayores niveles de competencia. Se recuperaron rápido del susto de ver su existencia en juego e intentaron barrer para adentro una vez más. Por eso cuesta tenerles conmiseración frente al fiasco de las pérdidas de los fondos D y E. La respuesta vuelve a ser la misma de siempre: hemos actuado dentro de las atribuciones que nos da el marco legal. Más allá de que eso está siendo puesto en tela de juicio, lo realmente irritante es su total desconexión con la realidad económica y política del país.
No había que ser un genio para prever las consecuencias de pérdidas abultadas en el fondo más conservador. Si el 2025 el fondo E rentó más de 8,0% era naturalmente porque estaba tomando riesgos relevantes para obtener rentabilidades dignas de renta variable. Las debilidades del regulador y los incentivos mal puestos son parte de esta desgracia, pero la principal responsabilidad no puede ser escabullida por las AFP. Esta vez no hay dónde esconderse y sólo hemos escuchado que teóricamente cumplieron la ley. No es suficiente, nunca lo fue.
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