Neutralidad del gobierno y proceso constituyente
El destino de la Convención está ligado al gobierno. Fue el propio ministro Jackson quien se encargó de sellar la alianza. Sin embargo, la promesa de “cuidar el proceso” fue un paso más allá y el gobierno ha declarado “no ser neutral”.
¿Qué implicancias tiene dicha declaración? Si se entiende que el gobierno y sus funcionarios tomarán el rol de activistas del Apruebo, tenemos un problema. El intervencionismo no se justifica de modo alguno y varios son los dictámenes de la Contraloría respecto de la prescindencia de las autoridades. Al respecto, la vocera ha declarado que “destacamos, informamos aquellas cosas que concretamente se han ido poniendo sobre la mesa”.
El problema reside, sin dudas, en que el juego se librará en los bordes y los movimientos podrán plantearse como acciones destinadas a la información, comunicación y necesidad de eliminar fantasmas. Por el momento, se ha anunciado un instructivo al respecto, pero un hecho vale más que mil palabras, pues de “cuidar el proceso” a “ “cuidar un resultado” hay un salto inaceptable.
“Voy a consultar, no tengo esa información en este momento”
Lunes por la noche, una turba saquea un supermercado Tottus en Talagante. Hay 40 o más detenidos. Martes por la mañana, 12 horas después del suceso, la ministra de Interior y Seguridad Pública es consultada por los hechos (a esa hora de público conocimiento) dejando al descubierto su desinformación al respecto.
El episodio se suma al listado de errores de la secretaria de Estado y refuerzan la idea de desgobierno en un ministerio clave para el oficialismo y la ciudadanía. Una ministra ausente de los debates relevantes, flanqueada y constreñida en sus apariciones, hacen inevitable evaluar su pérdida de capital político y el daño que provoca al gobierno.
Izkia Siches fue pieza central para el triunfo del actual presidente, pero su experiencia gremial, su vociferancia y su rol de oposicionista furiosa no han sido suficientes para ejercer el papel de “primus inter pares”, ni para abordar los desafíos de su cartera (en particular, la prevención y control de la delincuencia).
La pregunta es cuánto durará la agonía y cuántos recursos, de toda clase, corresponde desviar para mantenerla con vida. Probablemente dentro del comité político las respuestas sean diversas. Por otra parte, es de esperar que si Siches sale, el repertorio de desaciertos sea justificación suficiente y no se culpe a la “misoginia estructural chilensis” o al obstruccionismo de la oposición.
“Kramer vs Kramer”
Cartas de ida y de vuelta hemos visto estas semanas entre abogados y abogadas “por Chile”. Una trifulca familiar intensa, que agudiza la polémica sobre los insumos despachados por la Convención y pone al descubierto, en el subtexto, muchísimo más que eso.
Entre líneas se realizan acusaciones de grueso calibre. Entre otras, un uso mañoso de la expresión “profesional del derecho”, un desarrollado síndrome de Versalles, liviandad argumentativa y manipulación de la información en pos de un objetivo. 300 vs 500.
Si calculamos que en Chile hay algo así como 45.000 abogados, ambos grupos representan el 0.66% y el 1.1% del total. Quizá por eso cargos y trayectorias han sido desempolvadas para salir al ruedo.
Dos preguntas quedan pendientes: ¿quién es el real destinatario de tan noble batalla epistolar o somos simples espectadores de un gallito de egos? ¿Alimenta esta polémica el proceso deliberativo que se pretende nutrir?
“El fin justifica los medios”; una toma en el aeropuerto de Santiago
un centenar de personas se tomaron la losa del Aeropuerto de Santiago para protestar por el retraso de su vuelo. El avión en cuestión, había sido desviado producto de las malas condiciones meteorológicas.
Podemos quedarnos en la anécdota delirante, que recuerda a Calígula latigando el Mare Nostrum por haberle hundido la flota, o en la vulnerabilidad de las medidas de seguridad, pero hay más.
Detrás del hecho es posible derivar una máxima que rige muchos de los avatares de nuestro país: frente a una injusticia o percepción de injusticia es tolerable cualquier acción que aspire a resolverla.
La instalación del “fin justifica los medios” como herramienta social, habla de un gravísimo retroceso del Estado y de una desconfianza y disociación profunda con las instituciones del sistema político social.
Abucheos y tomates en la Convención
El Estado social y democrático de derecho y la instalación de los derechos sociales son parte central del proceso constituyente y plato principal con miras al plebiscito. El debate se ha centrado en ellos esta semana.
De cara al futuro, corresponde preguntarse si el peso relativo de este logro permite inclinar la balanza hacia el apruebo, pasando por alto otros puntos críticos. ¿Es posible la progresión de los derechos sociales sin un sistema político con consensos suficientes y una institucionalidad central robusta? ¿Están dadas las condiciones económicas y de certidumbre para acercarse, paulatinamente, al modelo de democracias sociales europeas?
¿Se han manejado adecuadamente las expectativas ciudadanas o corremos el riesgo de una peligrosa nueva frustración? ¿Podemos aprobar una constitución confiando en reformas futuras? Las respuestas obligan, por una parte, a mirar el proceso como un todo y proyectarlo hacia el futuro y, por otra, a estar dispuestos a recibir abucheos y tomates para intentar llegar a puerto. Convencionales de varios sectores políticos han asumido, gallardamente, ese rol.
“Lo que diga no es tan relevante (…) no es una autoridad directa de nosotros”
Diego Jaque, presidente del Centro de alumnos del Instituto Nacional, responde al presidente Gabriel Boric y el hecho recuerda, dramáticamente, al popular refrán “cría cuervos y te sacarán los ojos”.
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