Reforma de pensiones
Esta semana se inició la tramitación de la reforma de pensiones, siete años después de que la comisión Bravo entregara su diagnóstico y tras dos proyectos de ley -de distintos gobiernos- que no lograron avanzar en el parlamento. El escenario político actual es aún más complejo: el gobierno debe construir mayorías en un Congreso altamente fragmentado y con partidos debilitados.
En ese marco, diferentes voces han cuestionado que la propuesta incluya la creación de un fondo de ahorro con solidaridad, señalando que esto supondría la imposición de una visión ideológica. ¿No será ideológico considerar que las cuentas individuales son el único diseño factible? Asimismo, el énfasis de la discusión ha girado en torno a temas como la propiedad de los ahorros, la heredabilidad y la libertad de elección, desviando la conversación de fondo sobre cuánto y cómo realmente podemos mejorar las pensiones.
Si en algo hay consenso en la literatura es en que no existe un “mejor sistema”. Hay diferentes objetivos en pensiones y esquemas que responden de manera distinta a éstos y que se encuentran sujetos a diversos riesgos.
La propuesta de un sistema mixto, que mantiene la capitalización individual y suma el ahorro colectivo solidario, equilibra el sistema para alcanzar sus objetivos y lo hace más resiliente a los riesgos, robusteciendo nuestro pilar contributivo y el ahorro previsional. Es una propuesta con suficiente mérito técnico y de experiencia comparada para un diálogo más colaborativo.
En efecto, un acuerdo amplio fruto de un diálogo constructivo es esencial para evitar un sistema inestable frente a los ciclos electorales, que cambie cada vez que lo hagan las mayorías circunstanciales y que siga vulnerable ante los retiros. Las semanas que siguen serán fundamentales para encauzar un debate que permita avanzar y mejorar o corregir aquellos aspectos que lo requieran.
Rol de las encuestas
Las encuestas han ido adquiriendo una influencia cada vez mayor en nuestra política pública, siendo el tema previsional un buen ejemplo de ello. Semana tras semana conocemos encuestas que consultan sobre las preferencias respecto del destino de la cotización del 6% y la valoración de la heredabilidad o la elección entre administración pública versus privada.
El desafío por delante es cómo se interpreta esa información, incluyendo los sesgos que puedan estar presentes, y cómo se utiliza en la discusión de política pública para un mejor entendimiento de los desafíos existentes. Las percepciones ciudadanas deben ser un complemento a la evidencia técnica y a la deliberación de política pública, no un sustituto de ellas. Probablemente, si hoy consultamos respecto de un nuevo retiro de fondos, la respuesta sea mayoritariamente positiva. Y ya sabemos: aquello no lo transforma en una buena política pública.
Informes de impacto regulatorio
En 2016 se estableció que los proyectos de ley con ámbitos regulatorios debían incluir, al ingresar al Congreso, un informe que diera cuenta de sus impactos en la productividad. Estos informes han sido una contribución importante para mejorar el debate de política pública, promoviendo una toma de decisiones basada en evidencia.
En ese marco, esta semana el proyecto de ley de reforma de pensiones fue acompañado de un informe de impacto regulatorio que, entre otros temas, analiza los efectos en el mercado laboral de la cotización adicional del 6%. El informe proporciona antecedentes importantes, en un tema de difícil estimación y donde interactúan distintos efectos. Para un buen debate en estas materias sería valioso que se analizaran diferentes escenarios y que estén disponibles modelos y simulaciones.
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