Educación, la PRIORIDAD, de Boric
En la edición de la semana pasada, en una entrevista al Presidente, aparece una foto de su pizarra donde se señala claramente, y en mayúsculas, que la crisis educativa es una PRIORIDAD. En las últimas semanas también, ha habido varias declaraciones no solo del presidente, sino que también del ministro de Educación, y de la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste, de que esta crisis es realmente una prioridad y debe ser tomada como tal tanto por el gobierno como por la sociedad.
Una prioridad, tal como señala la RAE, es algo que se considera con anterioridad respecto de otra cosa, algo que en tiempo y orden se pone adelante. La verdad es que, terminado ya el año escolar 2022, y con datos que son realmente alarmantes, no se ve esta prioridad en la práctica.
Estudios recientes señalan que 9 de cada 10 estudiantes de primero básico en Chile no conocen las letras del alfabeto. Y, al mismo tiempo, la deserción e inasistencia durante 2022 se elevó a niveles muy preocupantes, aumentando en un 25% en tres años. Además, los datos económicos de los que ha alertado el Banco Mundial señalan que, si no se toman medidas urgentes, las próximas generaciones podrían ver un impacto en los ingresos económicos equivalentes a un 14% del PIB global actual.
También muestran que este impacto es mayor en niñas que en niños, y en poblaciones de bajos recursos o en minorías étnicas. Información existe de sobra: desde mediados de año, en distintas columnas y espacios -entre ellos éste- académicos y actores de la sociedad civil veníamos anticipando el efecto.El Mineduc solo pareció reaccionar hacia el final, cuando la preocupación amenazaba con convertirse en un flanco político.
Existían proyectos claros y relevantes que sacar adelante, y tanto el Congreso como el Presidente no le dieron urgencia legislativa; si es un tema que está en primer lugar, ¿por qué no se retomó la discusión del proyecto de ley de reingreso educativo? ¿Por qué no se le dio urgencia al proyecto de ley que permite a los establecimientos mayor autonomía y flexibilidad, como lo es el proyecto de ley que busca modernizar y flexibilizar la SEP, para que los recursos puedan ser usados en lo que cada comunidad educativa necesita?
La otrora titular del ministerio de Educación, y hoy presidenta de la Comisión de Educación del Senado, ha señalado que está preocupada por “la exclusión de miles de jóvenes del sistema escolar (deserción)”, y que para enfrentar la crisis educativa se requieren más recursos de los actuales, pero también requiere más voluntad.
Sin embargo, esta voluntad tampoco se ha visto en la comisión, en la cual en los últimos meses, salvo el proyecto del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, se han tratado temáticas que apuntan a otros objetivos.
¿Por qué en la agenda de la Comisión de Educación no hay proyectos que apunten a esta urgencia? Más bien todo lo contrario, solo se aprecia una serie de temáticas que claramente no son prioritarias dada la urgencia que vivimos y que además no apuntan en nada a hacerse cargo de la verdadera catástrofe que enfrentamos, y que ya cerrando el año 2022 no se ven líneas claras para enfrentar el 2023.
Es hora de poner realmente el foco en esta urgencia, y no solo escribirlo en la pizarra, en mayúsculas, sino que pasar a acciones concretas, y esto es responsabilidad de todos.
Seguridad, certidumbre y conexión con las urgencias
Se fue ya el 2022, y casi se fue también el primer año de gobierno. En un contexto de alta incertidumbre e inseguridad dada por la inflación, la violencia, el estancamiento económico, la inmigración, la crisis educacional y el proceso de cambio constitucional que se vive, es urgente dar certezas para generar confianzas. Tal como señaló Daniel Mansuy en una columna dos semanas atrás, hoy enfrentamos grandes urgencias como país. Los chilenos tienen necesidades que afectan su vida diaria, y pareciera haber cierta indolencia al permanecer en el inmovilismo y no actuar con acciones concretas y claras.
Frente a esto, Mansuy se pregunta:
¿cuáles son las autoridades a cargo, las medidas a implementar, los plazos involucrados? La pregunta vale para múltiples áreas, y es clave no perder el foco en esas urgencias.
Durante gran parte del 2022 la atención política estuvo puesta en el proceso constituyente, y, por parte del gobierno, en marcar insistentemente en su diferenciación y altura moral respecto a los gobiernos y generaciones que le precedieron. Claramente no fueron buenas estrategias. El proceso constituyente terminó con un resultado muy distinto al que se esperaba cuando inició el proceso; los 7,8 millones de chilenos que dijeron “No” al texto propuesto mostraron que la discusión estaba muy lejos de sus preocupaciones, de su mirada y sueño de país. El texto propuesto fue rechazado no porque iba más rápido que los chilenos, sino porque no representaba ni interpelaba a la mayoría.
Entender las certezas que se requieren y entregar soluciones claras y concretas es lo que necesita hoy Chile para que el proceso constituyente sea exitoso, para hacerse cargo de las temáticas que hoy necesitan foco y respuestas urgentes, y, por sobre todo, para que los chilenos sientan que sus prioridades son también las del gobierno.
Colaboración en tiempos complejos
A veces se olvida, y por eso es importante recordarlo: lo público no es monopolio del Estado, sino que nos pertenece a todos los ciudadanos. Aristóteles ya señalaba que el hombre en su naturaleza es social, y al agruparse y asociarse en pos de asegurar la libertad, la economía y gobernarse da origen a la sociedad, a la polis. Y Tocqueville en el siglo XIX, planteaba, que el Estado no es capaz de hacerse cargo de todos los asuntos de los ciudadanos y que éstos deben involucrarse en la búsqueda de soluciones.
Las sociedades contemporáneas enfrentan hoy problemas cada vez más complejos, y, como vemos, Chile no está ajeno a ello; los desafíos que se presentan requieren del trabajo coordinado y de la colaboración entre diversos actores, donde la alianza y colaboración entre el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil es fundamental.
Este 2023 es relevante enfrentarlo desde una lógica de colaboración público-privada, dado que se requieren conexión con la ciudadanía, respuestas rápidas e innovadoras, y sobre todo, entender el rol que cada uno cumple en la conformación de los temas de interés público.
El texto propuesto por la Convención dejaba mal parado el rol que los privados, la sociedad civil y cada uno de nosotros juega en la construcción de lo público, instalando una creencia de que solo el Estado puede ser quien provee y cuida los bienes públicos. No hay duda alguna de que el Estado es quien tiene el rol garante, que entrega marcos y certezas jurídicas y cumple un rol fiscalizador relevante, pero son los privados -empresa y sociedad civil- quienes emprenden, innovan, movilizan ideas y construyen lo público. Es relevante que el nuevo debate que se viene tenga una mirada más abierta al respecto.
Pero esto excede por mucho al proceso constituyente. Existen otras urgencias a las que hay que ponerle foco y la lógica colaborativa es fundamental. Por ejemplo, para enfrentar desafíos grandes y relevantes como el Litio, es clave estructurar una mirada de largo plazo, pero también actuar rápido para no perder la oportunidad. O en la educación, donde para poder reaccionar con rapidez se requiere pertinencia, rapidez y mirada territorial, ambos elementos que entregan la sociedad civil y el emprendimiento.
Estas últimas semanas se ha visto una de las primeras iniciativas claras y directas para enfrentar las pérdidas de aprendizajes producidas por la pandemia, y esta es producto de una colaboración que surge desde la sociedad civil. La iniciativa “Por un Chile que Lee”, impulsada desde un grupo de fundaciones, es una alianza público privada -patrocinada por el Mineduc- que reúne a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, universidades y el Estado en torno al objetivo común de disminuir las brechas de aprendizaje y reactivar las habilidades en lectura.
El ser humano es por naturaleza un animal político y social, y la política se ocupa del bien de la sociedad. Aristóteles probablemente sonreiría si apareciera en este 2022 a ver el estado de las cosas: hoy sus mismos principios se hacen relevantes para mirar el debate constitucional, para dar soluciones a los dramas urgentes y reflexionar cómo la política le permite hoy a todos los ciudadanos hacerse cargo de los problemas que le afectan.
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