El cerro Centinela tiene una vista panorámica. Se ubica justo entre la bahía del puerto de San Antonio y el inicio de la comuna de Cartagena. Su historia data de mucho antes de que incluso se edificara el embarcadero: en 1923 se inauguró allí la escultura de la Virgen del Carmen. La zona convocó celebraciones religiosas y misas de domingos durante años. Un siglo después de la construcción del monumento, es conocida por ser la megatoma de San Antonio, donde habitan más de 10 mil personas y existen 4.136 viviendas que se desplazan en las 260 hectáreas.
Los primeros habitantes empezaron a llegar en octubre de 2019. Provenientes de sectores de la Quinta Región principalmente -los santiaguinos llegaron después, dicen personas de la zona-, se instalaron de a poco no más de 10 o 20 familias, en carpas, que dividieron los terrenos desde su llegada y limitaron los accesos principales. Se demoraron una semana en levantar las primeras viviendas hechas principalmente de material ligero. En ese tiempo hacían turnos durante la noche para vigilar el perímetro del predio, que se encuentra en el sector de Bellavista, conocido por ser el más peligroso de San Antonio.
Actualmente, la megatoma se divide en cinco campamentos: “Centinela”, “Vista Hermosa”, “Aguas Saladas”, “Manuel Bulnes” y “Fuerza Guerrera”. Las construcciones van desde casas de material ligero hasta propiedades que tienen más recursos. De estas últimas poco se sabe de quiénes son.
Aunque la toma se comenzó a poblar en 2019, la mayoría de sus habitantes comenzaron a llegar entre 2020 y 2021. Se atribuye principalmente a santiaguinos que llegaron a instalarse.
A mediados de 2020, la PDI inició una investigación para determinar si existía una organización detrás de las tomas de predios en Valparaíso, Marga Marga y San Antonio, en donde denunciaron la presencia de maquinaria pesada para preparar los terrenos y la circulación de vehículos de alta gama.
Se sabe que al interior del lugar hay narcotráfico y otros delitos. Es por esta razón que a los accesos de la megatoma no entran colectivos. Tampoco servicios como el camión de la basura. Todo funciona de forma autogestionada: desde negocios hasta escuelas de reforzamiento escolar.
Comienza la disputa legal
El terreno, sin embargo, tiene dueño. Pertenece a la Inmobiliaria San Antonio desde 1997, cuyos socios mayoritarios se han identificado como Esteban Solari, Luis Medel y Ricardo Posada. Desde un inicio su compra se pensó como una inversión para la edificación de proyectos inmobiliarios.
En 2023 los propietarios ingresaron un recurso de protección en contra de una de las dirigentas, Katherine Sanhueza, y otros ocupantes del terreno. El abogado de la causa, Diego Pereira-Fonfach, señaló que incluso para ese entonces ya tenían promesas de compraventa firmadas para que otras inmobiliarias edificaran sobre el paño y un proyecto de construcción de viviendas sociales. Además, el Ministerio de Obras Públicas ya había comenzado un proceso de expropiación para que un trazo del terreno fuera utilizado como un nuevo acceso para el megapuerto de San Antonio, que finalmente no se pudo llevar a cabo.
“Ahí pueden caber desde 16.000 a 18.000 propiedades o viviendas sociales”, señala Pereira-Fonfach a DF MAS.
“Comenzamos con una querella criminal por los delitos de usurpación y daño simple y violación de morada por aquel entonces, también para precisamente identificar a las personas. Así se logró identificar a una de las dirigentas que fue contra quien se ingresó preliminarmente un recurso”, explica el abogado. Esta primera acusación se ingresó en enero de 2023, dos semanas antes de presentar el recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En este último documento legal se señaló que el avance de la toma había llegado a tal punto de contar con una conexión clandestina al tendido eléctrico, que además de estar destinada al uso de las viviendas construidas, se utilizaba para el alumbrado público.
Además, “que funciona sin control alguno las 24 horas del día, ello con todos los riesgos lógicos que implican estas conexiones clandestinas, llevadas a cabo por los mismos ocupantes”.
Los reportes de Chilquinta, oficiado por el municipio de San Antonio debido a los reclamos de los vecinos de sectores aledaños a la toma, dejan registro que desde 2020 existe este tipo de problemas. Uno de los informes de mayo de 2022 constata que “desde hace dos semanas hemos tenido cortes de luz intermitentes en alumbrado público y domiciliario afectando a vecinos que permanecen varios días sin suministro de luz, todo esto debido a que los residentes de las tomas de Bellavista continuamente se cuelgan al alumbrado.
En varias ocasiones trabajadores de Chilquinta los han descolgado, pero nuevamente se vuelven a colgar del alumbrado. Llegando carabineros en varias ocasiones pero lo hacen en la madrugada. Las cuentas de la luz de todos los vecinos han subido enormemente debido a que los costos van a los residentes, además del temor de que por una sobrecarga se quemen los artículos eléctricos de sus casas”.
Algo que le consta a la defensa de los propietarios del terreno es la organización de los habitantes y que hubo un levantamiento topográfico. “En las visitas -vía aérea- que efectuaron los representantes de la recurrente al lugar, pudieron constatar que los predios además de ya estar divididos y asignados, estaban demarcados con diversos caminos, para facilitar los desplazamientos internos dentro de la parcelación, todo claro, sin permiso ni habilitación legal alguna, lo anterior, como se dijo, con un crecimiento totalmente descontrolado y alarmante”, describe el documento legal.
Expectantes y tranquilos
En abril de 2024, Katherine Sanhueza fue formalizada por haber ocupado de forma ilegal el terreno de la inmobiliaria San Antonio. La justicia determinó que la dirigenta había cometido el delito de usurpación, pero nunca se acreditó que fuera de forma violenta. Sanhueza fue finalmente multada.
En cuanto a la orden de desalojo -emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ratificada por la Corte Suprema en marzo de 2024– se dio un plazo de seis meses para que los habitantes de la megatoma se fueran del lugar. Pero debido a su magnitud, este mandato se postergó y fue el tribunal de segunda instancia el que fijó la medida para el 27 de febrero de 2025, que finalmente no ocurrió tras el acuerdo esta semana del Gobierno con la inmobiliaria.
El abogado representante dice que los dueños del terreno están expectantes y tranquilos con este acuerdo, pero que “en caso de que el protocolo fracase, vamos a tener nosotros siempre la potestad de poder, dentro del plazo de seis meses, solicitar que se active el desalojo”.
Y menciona que desde agosto de 2024 “hay una querella abierta en contra de todos los dirigentes que nosotros pudimos individualizar y en contra de todos quienes resulten responsables de una acción que está vigente (la usurpación de terrenos) y respecto de la cual no hemos conversado en profundidad sobre el proceder”.
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