Desde hace casi 30 años las comunidades del Valle del Intag -en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador, a cuatro horas de Quito- han luchado contra todos los proyectos mineros que han buscado instalarse en la zona. Y hasta ahora, la estrategia ha funcionado: ninguna compañía ha instalado un yacimiento operativo.
Todo partió en 1995, cuando la japonesa Mitsubishi quiso armar una mediana mina de cobre en esta zona, conocida por su clima tropical, cascadas y montañas. En un inicio este plan pasó inadvertido, pero cuando presentaron su Estudio de Impacto Ambiental, las comunidades se enteraron que deforestarían parte importante del lugar. Con esto, comenzó una resistencia ciudadana que obligó a los asiáticos a dejar el país.
Luego, en 2002, y en el mismo lugar, la empresa canadiense Ascendant Copper ideó un plan similar que tampoco prosperó, a pesar de contratar paramilitares que los ayudaron a ingresar al perímetro de concesión.
En 2011 llegó Codelco con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) luego de suscribir un convenio de exploración minera que se materializó en diciembre de 2014, cuando las autoridades pertinentes le otorgaron la licencia ambiental. La idea era levantar una operación en 4.829 hectáreas que lograra una producción de 200 toneladas de cobre anuales.
Era, a todas luces, un plan atractivo, especialmente para la corporación chilena, que buscaba desarrollar su primer negocio minero fuera del territorio nacional.
Mucho ha pasado desde esa fecha: paralizaciones de las operaciones, protestas ciudadanas, e incluso tensiones entre Codelco y Enami EP, que terminaron en un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que todavía no comienza formalmente (ver recuadro).
Pero el pasado 29 de marzo la cuprífera chilena, a través de su filial EMSAEC, recibió el más duro golpe hasta ahora en Ecuador: la revocación, por parte de la justicia local, de la licencia ambiental para operar y avanzar en el proyecto Llurimagua, el caballito de batalla de la corporación nacional para avanzar en su plan de expansión internacional y que contempla una inversión extraoficial de US$ 3.000 millones.
El pasado 29 de marzo Codelco recibió el más duro golpe hasta ahora en Ecuador: la revocación de la licencia ambiental para operar y avanzar en el proyecto Llurimagua.
Hoy, dicho proyecto minero está en jaque, y todo por una ofensiva ciudadana que, en la última instancia, ganó en los tribunales. Fue, comentan fuentes al interior de Codelco, un golpe inesperado y que los pilló desprevenidos, por lo que tuvieron que, rápidamente, activar un plan de contingencia.
Desde la compañía chilena explican a DF MAS que “mantenemos intacto el interés en el proyecto a pesar de la sentencia, puesto que estamos convencidos que el proyecto será el gran motor de desarrollo para toda la provincia de Imbabura, cantón de Cotacachi, y que traerá importantes beneficios directos para la República del Ecuador por su contribución a la generación de trabajo directo e indirecto, desarrollo de proveedores locales y por los pagos directos que recibirá el Estado”.
Las ranas de la discordia
Fue en 2016 cuando la bióloga Andrea Terán, del Centro Jambatu, redescubrió -justamente en el bosque del proyecto cuprífero Llurimagua- la rana atelopus longirostris, una especie que se creía extinta desde hace 30 años y que no medía más de cuatro centímetros.
Tres años después ocurrió algo aún más inesperado: la detección de una nueva especie del anfibio, que todavía no tiene nombre científico, pero que fue bautizado informalmente como “resistencia”.
Estos dos descubrimientos encendieron las alarmas en la comunidad local y círculos ambientalistas, quienes activaron una serie de acciones para salvar el hábitat de dichas especies. Los expertos proyectaron que un proyecto minero como Llurimagua podría contaminar el agua y afectar la supervivencia de estos animales. Por ejemplo, en 2020, Terán presentó una demanda para frenar el desarrollo de este yacimiento, pero no tuvo suerte en tribunales.
Los que sí prosperaron fueron un grupo de habitantes de Junín -agrupados en la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA)- que presentaron, en 2020, una medida cautelar para suspender la licencia ambiental de la operación.
“Al principio ganamos, pero inmediatamente EMSAEC apeló y se terminó anulando la primera sentencia”, comenta a DF MAS Gustavo Redín, presidente de CEDENMA y abogado de las comunidades de Intag y del Bosque de Junín.
Al año siguiente, agrega el jurista ecuatoriano, interpusieron una acción de protección (similar al recurso de protección en Chile) en el que acusaron errores en los estudios de impacto y en manejo ambiental en la primera fase de exploración avanzada. Además, acusaron que no se realizó una consulta ambiental, algo que, a su juicio, era fundamental para un proyecto de estas características.
En estos dos elementos se basaron en articulados de la Constitución ecuatoriana de 2008, que consagra la protección de la naturaleza y la necesidad de realizar consultas ciudadanas previo a desarrollar proyectos de estas características.
“Perdimos en primera instancia, después apelamos y hace dos semanas se generó la sentencia definitiva del tribunal provincial de Imbabura”, explica al teléfono desde Quito.
Las críticas de DiCaprio
“Los bosques nubosos del Valle de Intag albergan decenas de especies en peligro crítico de extinción, algunas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, como la rana arlequín de nariz larga y la rana cohete de resistencia de Intag”.
Así, acompañado de cinco fotos, el actor ambientalista Leonardo DiCaprio, el pasado jueves 19 de enero, hizo un llamado para que los jueces de la corte provincial de Imbabura resolvieran cuanto antes la acción judicial que CEDENMA ingresó en 2020 y que se había aplazado por una serie de razones. La publicación, en su cuenta personal de Instagram, tuvo más de 277 mil me gusta y más de 1.400 comentarios.
No era la primera vez que el actor de Hollywood hacía referencia al proyecto de Codelco en Ecuador. Previamente, a mediados de 2022, había mencionado, también a través de sus redes sociales, que “si el proyecto de la mina Llurimagua cae, podría ayudar a proteger un área clave para la biodiversidad en los Andes tropicales”.
Y parece que su último mensaje funcionó: justo dos meses después, los tribunales locales revocaron la licencia ambiental.
El trabajo conservacionista de Leonardo DiCaprio se ha realizado principalmente a través de la fundación Re:wild, que, según Redín, ha tomado contacto con ellos porque “están muy interesados en las zonas de alta biodiversidad que juegan un rol clave en la lucha en contra del cambio climático. Y ellos consideraron que justamente el Intag es uno de esos lugares”.
“Entiendo que ellos mandaron científicos al lugar, que han hecho sus propias investigaciones y que llegaron a la conclusión de que el bosque de Junín y el Valle del Intag es fundamental para la lucha en contra del cambio climático. Cada vez que Leonardo DiCaprio tuitea nos cae a todos de sorpresa, pero nos ayuda, porque todos los periódicos lo ponen en primera plana”, complementa.
La sentencia
DF MAS tuvo acceso a la sentencia de la corte provincial de Imbabura donde detallan, en 45 páginas, las razones para revocar la licencia ambiental del proyecto Llurimagua.
En el fallo estipularon que existe “vulneración a los derechos relativos a la protección de la naturaleza y la consulta ambiental de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Llurimagua de la jurisdicción de Intag, provincia de Imbabura, por parte del Ministerio del Ambiente, Agua, y Transición Ecológica del Ecuador, al haberse concedido la licencia ambiental del 16 de diciembre del 2014, sobre la base de un Estudio de Impacto Ambiental, vulneratorio de los derechos a ser consultados en temas ambientales y a la protección de la naturaleza de las antedichas comunidades”.
Ante esto, Codelco aclara a DF MAS que “en ese estudio no se identificaron las especies supuestamente descubiertas en los años 2016 y 2019. Adicionalmente, en los monitoreos bióticos realizados de manera semestral desde el año 2014 en puntos de control estratégicos validados por la autoridad ambiental dentro de la concesión así como en el Estudio de Impacto Ambiental Complementario realizado hace poco tiempo, no se identificaron esas especies, pese a que los monitoreos se realizan en diferentes estaciones del año y haciendo un esfuerzo de muestreo mayor en herpetofauna”.
Además, el fallo estipula la revocación de la licencia ambiental y, por consecuencia, suspender “inmediatamente toda actividad minera en el Proyecto Llurimagua hasta que se cumpla por parte de la Enami EP con todos los mecanismos y lineamientos previstos para la consulta ambiental para la elaboración de un Nuevo Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la Fase de Exploración Avanzada”.
Según Gustavo Redín, Codelco tiene dos opciones para seguir el proceso judicial. La primera, es invocar una acción extraordinaria de protección, que, en palabras del abogado, busca revertir “las decisiones judiciales de última instancia cuando existen vulneraciones en el debido proceso”.
La segunda opción queda en manos de la Corte Constitucional de Ecuador, que tiene potestad voluntaria. “Esto significa -comenta el abogado- que no tiene que motivar sus razones para seleccionar sentencias de relevancia para desarrollar jurisprudencia nacional”. Es decir, puede actuar de oficio y revertir una sentencia para generar jurisprudencia.
El juez nuevo y la consulta
Esta semana Codelco envió un comunicado a la prensa ecuatoriana en que se refirió, muy escuetamente, al caso. La principal crítica de la corporación chilena se basó en dos puntos. El primero, que el juez que dictó el fallo “había asumido sólo cuatro días antes, en un proceso en el que previamente el tribunal de primera instancia, luego de sendas audiencias y presentaciones de expertos, había resuelto a favor del proyecto”.
Esto efectivamente es cierto. El juez Jaime Alvear quiso evitar las dilaciones y decidió no llamar a audiencia ni tampoco realizar inspección judicial. De hecho, aproximadamente una semana antes de la sentencia, emitió una notificación en la que mencionó que estudiaría todo el expediente antes de fallar.
Bajo esto, Redín dice que si bien el juez Alvear es nuevo, “existen otras dos juezas (Luz Angélica Cervantes y Sofía Figueroa) que estuvieron desde el día uno. La sentencia fue firmada por los tres”.
Sin embargo, Codelco matiza: “Esto llama particularmente la atención porque en Ecuador existe la figura del ‘juez ponente’, que es seleccionado por sorteo para preparar el proyecto de sentencia que luego es discutido con otros dos jueces. Por tanto, el hecho de que, en este caso las otras dos juezas estuvieran presentes en toda la instancia procesal no afecta en nada al cuestionamiento de que el juez ponente tuvo tan solo tres días hábiles para preparar la sentencia y no es razonable pensar que haya tenido el tiempo necesario para revisar de manera diligente el expediente, menos aún escuchar la audiencia de instancia que duró más de una semana”.
El segundo punto criticado por Codelco es la aplicación de una norma de manera retroactiva: “El fondo del argumento indica que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Llurimagua, aprobado por las autoridades gubernamentales en 2014, debió incluir una consulta ambiental, requisito que fue exigido en Ecuador a partir de un fallo de la Corte Constitucional del año 2021, y cuyo reglamento aplicable a la materia todavía no ha sido dictado”.
Esto significa que, a juicio de la minera estatal, no les debieron haber exigido una consulta ambiental. Pero esto es criticado por algunos abogados locales, que afirman que ese derecho está consagrado en la Constitución de 2008.
A pesar de eso, Codelco mantiene su posición: “Si bien la Constitución de 2008 incluyó el requisito de la consulta ambiental, ésta no era ejecutable por falta de normativa que permita realizarla. Recién en 2021 la Corte Constitucional dictó parámetros para aplicar y normar la consulta ambiental indicado que el efecto de su pronunciamiento aplicaba hacia el futuro”.
Entonces, ¿cuál es el futuro de Codelco en el proyecto Llurimagua? Gustavo Redín se aventura: “Codelco está operando con dinero público. En las empresas privadas este revés hubiese llamado a los inversionistas a pedir explicaciones. Y justamente esto genera que las firmas se vayan, porque el costo de oportunidad sube cada vez que existen este tipo de fallos. Pero en esta ocasión, como es una compañía pública, el único que puede realmente decidir su futuro es el Estado chileno. Entonces es complejo”.
Nuevo árbitro de Ecuador ante el Ciadi
El pasado 6 de abril Ecuador designó como árbitro a Zachary Douglas, un conocido abogado australiano que representará al país en el arbitraje con Codelco ante el Ciadi. En este procedimiento, la minera estatal chilena -representada por el estudio norteamericano Sullivan & Cromwell- acusó que su contraparte no cumplió los plazos de conversaciones amistosas para avanzar en el proyecto minero de Llurimagua.
Douglas es catedrático de Derecho Internacional en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra y anteriormente fue miembro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cambridge.
El jurista australiano, que habla ruso y francés con fluidez y ha dirigido procedimientos de arbitraje bilingües en ambos idiomas, ha sido designado como árbitro en más de 150 casos.
También ha representado a particulares y empresas en procedimientos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también ha actuado en decenas de casos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, habiendo representado con anterioridad al Comité Olímpico Internacional.
“Lo que corresponde ahora es el nombramiento del tercer árbitro que deberá presidir el tribunal arbitral”, comentan desde Codelco.
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