Ayer se inició formalmente la negociación salarial que se da entre la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y las autoridades de gobierno en esta época del año.
En el petitorio -compuesto por nueve puntos principales y que fue firmado por las quince organizaciones que componen la mesa de negociación colectiva- los dirigentes plantearon la opción de un reajuste de 8% nominal para los trabajadores del sector público, indistintamente del marco laboral que los rige (correspondiente al sector centralizado o descentralizado).
Los dirigentes demandan que desde diciembre de este año, ningún trabajador reciba un ingreso líquido mensual por estamento menor a $ 372.000 en el caso de los auxiliares; $ 414.000 para los administrativos; $ 440.000 para los técnicos; y $ 750.000 para los profesionales.
Adicionalmente, se demandó la unificación de la línea de corte de sueldos para los beneficios adicionales, como bonos por Navidad, Fiestas Patrias y vacaciones.
Asimismo, el petitorio contempla que en la fase final de la negociación, se convenga un bono de término de conflicto, cuyo monto será determinado de común acuerdo entre las partes.
El documento fue entregado en la oficina de partes del Ministerio de Hacienda, debido a la ausencia del titular de la cartera, Rodrigo Valdés, quien se encuentra en Nueva York.
Sin embargo, las dos partes se verán las caras la próxima semana, ya que según dijo el coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insunza, en Hacienda se les ofreció una reunión conjunta con Valdés y la ministra del Trabajo, Ximena Rincón. De esta forma, y pese a los conflictos arraigados por la radicalización del paro del Registro Civil que se ha extendido por 31 días, Insunza estima que los trabajadores públicos están en "buen pie" para iniciar las negociaciones.
Otros puntos
También en el petitorio figuran demandas como dar continuidad al proceso de regularización de los empleos permanentes provistos bajo la modalidad de honorarios, por lo que piden que al primer semestre del próximo año se concuerden los marcos e instrumentos que implementen dicho proceso. En esa línea, en cuanto a la estabilidad laboral, apelan a que se garanticen empleos constantes para trabajadores contratados por proyectos.
Un punto relevante que destacan los funcionarios en sus demandas es reiterar que se establezcan los espacios necesarios de trabajo con la mesa del sector público para, entre otros elementos, concordar un proceso de discusión que permita arribar a los acuerdos necesarios para ampliar la libertad sindical y fortalecer la negociación colectiva para los trabajadores del Estado.
En lo inmediato, piden superar las restricciones al pleno ejercicio de la libertad sindical tanto a nivel constitucional como en los distintos cuerpos legales en los que se rige la función pública. Asimismo, exigen que se cumpla con la obligación del Estado de implementar los convenios 87, 98 y 151 de la OIT, así como cumplir con las recomendaciones realizadas por los órganos de control de esa entidad.
También, en el petitorio se contempla aumentar el bono de zonas extremas en un 25% en un plazo de tres años. Y, además, en materia de fortalecimiento de los derechos materiales, modificar la normativa en función de que las trabajadoras que se encuentran sujetas a modalidades contractuales más precarias, gocen del pleno reconocimiento del fuero maternal y los derechos asociados a la maternidad.
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