Aunque a nadie tomó por sorpresa la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que echó por tierra uno de los ejes emblemáticos del segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, como era terminar con el lucro en la educación superior, sí se generó la sensación -cada vez más certera, según señalan en la ex Nueva Mayoría- de que si no lo detienen ahora, el gobierno podría seguir revirtiendo otras medidas a través de la mal llamada “tercera cámara”.
A eso se debe que desde la propia exmandataria hacia abajo hayan reaccionado ante el hecho de que el TC haya declarado inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que prohíbe el lucro en los controladores de las universidades.
A través de su cuenta de Twitter, Michelle Bachelet expresó: “Fallos del TC se acatan. Es lo que corresponde en un Estado de derecho. Pero, con su pronunciamiento sobre el lucro, que contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores en el Congreso, distorsiona la decisión democrática de elimar el lucro en la Ed. Superior”.
Dado este estado de ánimo, este tema podría ser el primer punto de colisión entre el gobierno y la oposición, desde donde estiman inconcebible que el Tribunal Constitucional haya actuado cercenando el proyecto del Sernac, primero; y ahora el de educación superior .
Y no dudan en que esto puede ser sólo el inicio para revertir “por secretaría” otras medidas heredadas del anterior gobierno.
Para la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la DC Yasna Provoste, “es lamentable que la mayoría piñerista del TC opte, una vez más, por el mercado y no por los ciudadanos”.
Pero también apuntó sus dardos hacia el titular de Educación, Gerardo Varela, asegurando que sus dichos en cuanto al artículo 63 (ver recuadro) constituyen un “efecto comunicacional”, por no estar interiorizado del tema”, pero adelantó que “de todas maneras, como Comisión de Educación del Senado, le hemos cursado una invitación para el próximo miércoles”.
El senador Alfonso de Urresti (PS) anunció que su bancada pedirá una sesión especial para analizar lo sucedido con el artículo 63. Y desde el punto de vista del jefe de la bancada socialista en la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros, “estamos frente a un gobierno que defiende la idea de la educación como un bien de mercado”.
Impacto fiscal
Mientras tanto, en el Congreso provocó profunda molestia que, una vez más, el TC desmantele una normativa utilizando su rol de control preventivo de las leyes.
Por lo mismo, el presidente del Senado y su par de la Cámara de Diputados, los socialistas Carlos Montes y Maya Fernández, salieron al paso de lo sucedido, instando al gobierno a generar un acuerdo nacional para cambiar la constitución y las atribuciones del TC.
Montes sentenció con severidad que “el Congreso nuevamente ha sido descalificado por el Tribunal Constitucional” y acusó a su presidente, Iván Aróstica, de haber cambiado de opinión, al señalar primero que el artículo 63 no era ley orgánica y luego afirmar lo contrario, lo que permitió el ingreso de la presentación que realizó el Grupo Laureate y que dio origen al polémico fallo.
Por otra parte, denunció que el TC -seis de los cuales se mostraron a favor de declarar insconstitucional el artículo 63 frente a los cuatro restantes- “no ha sido riguroso”, porque el fallo “tiene un fuerte impacto fiscal” que “estimamos que son más de $ 50 mil millones, a partir del año 2019”.
Por estas razones, el parlamentario instó al gobierno a “un acuerdo nacional en torno a cambiar el TC, a cambiar la forma como se designan los integrantes, a cambiar los quórums para tomat determinadas decisiones que van a afectar aspectos sustantivos de una ley”.
Por su parte, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, advirtió que “desde el Parlamento y con movimientos sociales buscaremos revertir esta situación”.
La tranquilidad del ministro Varela
En nada contribuyó a apaciguar la alarma que se instaló en la centroizquierda la visión que entregó el ministro de Educación, Gerardo Varela, ante la definición del TC. "El artículo 63 es marginal, no es la columna vertebral" de la Ley de Educación Superior, dijo la autoridad, lo que causó más molestia aún en la oposición, donde están convencidos que aunque este secretario de Estado cree que "el tiempo de las marchas ya pasó", lo más probable es que deba enfrentar unas cuantas a partir de este polémico fallo.
Tanto es así que el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se había adelantado el lunes a la posibilidad de enfrentar un fallo adverso y previno que "cualquier pretensión de reponer el lucro generaría inmediatamente una respuesta de marchas y movilizaciones por parte del movimiento social".
De hecho, mientras los ministros del TC se encontraban reunidos, un grupo de estudiantes se amarró a las ventanas del edificio a fin de demostrar su estado de ánimo frente a un fallo como el que finalmente se conoció.
Desde la UDI y RN cuestionaron el tono de la aparición de los exsecretarios de Estado.
Esta semana revivió un actor que se suponía en retirada tras el cambio de gobierno: el bacheletismo. Los exministros de la administración anterior Gabriel De la Fuente (Segpres), Paula Narváez (Segegob), Carmen Castillo (Salud) y Claudia Pascual (Sernameg) levantaron una serie de críticas ante la decisión de la actual administración de fijar un nuevo protocolo en un proyecto emblemático, como lo fue aborto.
Los cuestionamientos también apuntaron al tono del actual Ejecutivo, punto que generó molestia al interior del conglomerado oficialista de Chile Vamos.
De hecho, la vocera de Bachelet, Paula Narváez, había dicho en entrevista con T13 Radio que "denostar al gobierno anterior no fue solamente una acción que hacían ellos en tanto oposición", sino "que aparentemente van a seguir haciéndolo hoy". Al mismo tiempo, advirtió que este espíritu no va a la par con su llamado a la unidad.
"Uno quisiera que quienes ocuparon carteras tan importantes como Salud, Segegob o la cartera de la Mujer pudiesen tener una mínima intención de buscar acuerdos, más que intentar torpedear el recién iniciado gobierno del presidente Piñera", afirmó el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).
El parlamentario sugirió que los exsecretarios de Estado tomen un rol activo en la oposición para "construir los acuerdos que no fueron capaces de realizar siendo gobierno".
A estas palabras se le sumó la opinión del diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, quien afirmó que "por eso tuvieron los resultados que tuvieron en las elecciones", acusando una "forma egoísta de trabajar, en que solamente la mirada de ellos es la única válida, la única verdad".
En esa misma línea, expresó que "uno entiende que los expresidentes y los exministros dejan gobernar al gobierno que viene, por lo menos los primeros años de gobierno" y que "este gobierno lleva dos semanas y ya está siendo cuestionado y ya se le están acuñando frases por su actuar, pero la verdad es que no es la manera, y los exministros debiesen tomar cierta distancia" para "darle espacio para poder trabajar".
Su correligionario, el diputado Leopoldo Pérez, advirtió una manera "equivocada" de la oposición para lograr alinearse. A su juicio, lo están haciendo en torno a la figura de la Presidenta "para desde ahí rearticularse como fuerza política".
Desde su perspectiva, eso sería lo que están buscando, ya que "o sino no les encontraría la razón de darle la espalda a la ciudadanía de una manera tan evidente y recién iniciado el gobierno".
Sobre este mismo punto, Pérez señaló que su actitud responde a "reacciones propias de quien tuvo una derrota contundente en las urnas".
Y agregó: "No olvidemos que aquí quienes son oposición, son minoría" y que al interior de la ex NM "se juran una mayoría, en circunstancias que son una minoría, la ciudadanía en Chile fue clarita, la opción Piñera -con todo lo que el planteó durante la campaña- fue la que ganó mayoritariamente.
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