Una intensa agenda de reuniones con el nuevo gobierno ha desplegado durante estas semanas el gremio Chilealimentos. ¿La razón? Abordar con las nuevas autoridades “los efectos no deseados” en la agroindustria del impuesto a las fuentes contaminantes fijas que quedó establecido en el artículo 8 de la reforma tributaria de 2014.
Según la normativa, en abril de este año todas las fuentes fijas de emisión de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2) de fuentes productivas, cuyas calderas sumen una potencia térmica igual o mayor a 50 megavatios térmicos (Mwt), deberán realizar el primer pago del denominado impuesto verde.
El monto a pagar varía, ya que el impuesto se calcula en base a una fórmula cuyo objetivo es reconocer el daño diferenciado generado por las emisiones.
Este impuesto, desde el punto de vista de Chilealimentos, se trataría de un gravamen “desproporcionado” que impacta de manera “exorbitante” las utilidades del sector agroindustrial, lo que genera ría una pérdida de competitividad.
Según Juan Manuel Mira, director de Chile alimentos, el tributo “es un límite establecido sin fundamento y objetivo claro, y sin diferenciar entre los meses del año en que se emite”, porque -dice- hay empresas que tienen una capacidad de emisión contaminante equivalente a 45 Mwt los 12 meses del año y no pagan impuestos, pero una empresa agroindustrial que ocupa entre 50 y 60 Mwt durante tres meses sí tiene que pagar, “es una situación injusta que afecta el desarrollo del sector”.
Un intenso lobby
Durantes las primeras semanas del nuevo gobierno, el gremio se ha reunido con el ministro y subsecretario de Economía, José Ramón Valente e Ignacio Guerrero, respectivamente; en Hacienda han sostenido reuniones con el subsecretario, Francisco Moreno, y el jefe de gabinete de la cartera, Francisco Matte; también se han reunido con el subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, y con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Además, expusieron ante la comisión de Agricultura del Senado.
Todas estas reuniones tienen por finalidad una posible modificación al artículo 8 de la reforma tributaria. Según Mira, con el gobierno anterior “sostuvimos muchas reuniones, pero no vimos nunca una real voluntad de corregir lo que consideramos es un impuesto mal aplicado a la agroindustria. Nuestra intención es que ahora se pueda revisar”.
Lo que el gremio busca es que se “ponderen” las emisiones que se generan en las temporadas altas en la agroindustria por los 12 meses del año “para tener una fotografía más real de las emisiones del sector”.
En concreto, solicitan que se considere la estacionalidad del rubro, ya que las calderas de las empresas agro funcionan en promedio 3 meses al año. “No es posible que las fundiciones esten excluidas de esta ley, Ventanas de Codelco y otras divisiones no están incluidas en esta normativa siendo las mayores generadores de CO2 y las que tienen mayor tamaño. ¿Por qué no se hizo? habría que preguntarle al gobierno anterior”, criticó Mira.
Este punto en 2014 fue criticado por la exministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Piñera, María Ignacia Benítez, quien señaló que dicha decisión “fue discrecional”.
Según datos del sector, el impuesto equivale a un aumento de 17% del impuesto a la renta, por lo que la tributación total para este sector superaría el 43% con este impuesto, “siendo un monto injusto para este sector”, dice Mira.
Es más, desde Chilealimentos estiman que la recaudación por el cobro de este gravamen en el sector es de aproximadamente US$ 6 millones, lo que corresponde a cerca del 2% del total que busca recaudar la reforma. “No somos un aporte importante. La aplicación del impuesto implica una pérdida de competitividad insuperable para el sector, mientras las generadoras eléctricas traspasan este costo a los consumidores, nosotros sólo perdemos competitividad porque no se pueden subir los precios de las verduras y frutas”, acotó el directivo.
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