El mundo privado ha manifestado continuamente sus reparos al proyecto del gobierno para modificar el Código de Aguas. Y más allá de las declaraciones efectuadas por los distintos gremios, en la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex) optaron por encargar un estudio que revisara los eventuales efectos que tendría el proyecto.
El elegido para esta tarea fue el economista y académico de la Universidad de Chile, Ronald Fischer, quien luego de revisar el articulado, concluyó que, de aprobarse el actual texto, generará menor seguridad en el derecho de aguas, lo que afectará la inversión y el acceso a recursos financieros en el rubro agrícola, además de promover la judicialización y la burocratización.
“Para comprender el impacto de la medida, es útil un símil: si los terrenos agrícolas estuvieran sujetos a condiciones similares, es decir, que su propiedad fuera revocable cada 30 años, es probable que no habría habido desarrollo de la agricultura de exportación ni Chile estaría pensando en ser una potencia agroalimentaria”, plantea el documento.
Agrega que la falta de certezas en el uso de las aguas afectará las obras complementarias, ya que en el caso de plantaciones de lenta maduración “no se puede garantizar el derecho de aprovechamiento durante el período productivo de la especie”, lo cual puede desincentivar el cultivo de las mismas.
Asismimo, el reporte proyecta que se reducirán los incentivos a la inversión eficiente de las empresas sanitarias y el ahorro de agua para fines domésticos.
Atribuciones
El reporte también pone una nota de cautela frente a las nuevas facultades que tendrá la Dirección General de Aguas (DGA), entre las que se encuentran impedir, sancionar o denunciar las afecciones a la calidad y cantidad de las aguas.
Fischer plantea que el proyecto no se hace cargo de cómo la DGA enfrentará esto, tomando en cuenta que ya evidencia falencias de personal, las que fueron reveladas en un informe de 2014 del Banco Mundial.
En esa línea, plantea que una reestructuración de la DGA es necesaria para aplicar la reforma, lo que implica aumentos en personal y recursos, ya que si la entidad no es capaz de realizar correctamente sus funciones “dará lugar a la judicialización del sector”.
El presidente de Asoex, Ronald Bown, remitió el estudio a la comisión de Agricultura del Senado, donde se discute actualmente el proyecto con urgencia simple.
El gobierno ha manifestado que su expectativa es que el texto se apruebe antes del fin de su período en marzo, para lo cual ha buscado generar consensos con los privados. Sin embargo, éstos mantienen sus inquietudes por los efectos negativos que podrían tener los cambios en la agricultura local.
“Nuestro sector trabaja con créditos bancarios en el mayor porcentaje de los casos, por lo cual cobra una importancia relevante aquí el tem
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