La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados -al igual que su par del Senado- es un órgano clave en la tramitación de los proyectos de ley en ambas cámaras. La instancia es la encargada de visar financieramente las iniciativas, siendo una de las comisiones más apetecidas tanto por el oficialismo como por la oposición.
Según un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), entre marzo y agosto de este año la comisión liderada por José Miguel Ortiz (DC) ha despachado 18 proyectos de ley, con un costo fiscal en régimen estimado en más de US$ 4.400 millones ($ 2,8 billones).
Acorde con el reporte, casi la totalidad de los recursos se destinan al proyecto de reforma a la educación superior, aprobado en julio y que genera compromisos fiscales por US$ 3.200 millones una vez implementada íntegramente ($ 2,1 billones).
El texto establece el incremento de la gratuidad en la educación universitaria desde el 50% de la población de menores ingresos, al 60% a partir del próximo año. Ayer marcó un hito al aprobarse su idea de legislar en la Sala del Senado (ver nota relacionada).
El informe señala que agosto fue el peak de aprobación de proyectos, con cinco despachados desde la instancia parlamentaria. Más atrás se ubicaron los meses de marzo y abril, con cuatro iniciativas enviadas a Sala u otras comisiones legislativas (ver tabla).
El informe, realizado por la economista del Departamento de Estudios de la BCN, Fernanda Maldonado, es parte de una solicitud de la comisión para realizar un seguimiento periódico del costo fiscal de los proyectos visados en el comité.
Las cifras se basan en los informes financieros de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y no considera las posibles modificaciones posteriores realizadas en la Cámara o el Senado.
Las otras iniciativas
Descontando la reforma universitaria, los 17 proyectos aprobados por la comisión de Hacienda de la Cámara Baja incorporan compromisos anuales por US$ 1.190 millones en régimen para el Fisco.
Entre junio y agosto del actual ejercicio, el comité dio el visto bueno a iniciativas como el que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, cuyo gasto en régimen asciende a $ 467 millones; la que establece la creación de la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata, cuyos compromisos financieros totalizarán $ 16.000 millones por año; y el ya citado de educación superior.
En el octavo mes del año, el reporte contabiliza la aprobación de cinco iniciativas, entre las que se consideran la que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para eliminar la distinción entre empleados y obreros ($ 13.000 millones de gasto en régimen); bonificación al retiro de personal de las universidades estatales (costo de $ 8.200 millones al octavo año de implementación); ascenso póstumo para funcionarios de la PDI ($ 27 millones en régimen); y entrevistas video grabadas a menores víctimas de delitos sexuales ($ 317 millones).
Senado aprueba idea de legislar reforma a la educación superior
Una de las grandes batallas que se han dado entre el oficialismo y la oposición en lo que va de campaña ha sido la gratuidad en la educación superior. En un principio, Chile Vamos y su candidato presidencial, Sebastián Piñera, se opusieron tajantemente a incrementar la cobertura, por lo que el oficialismo debió apelar a su mayoría en ambas cámaras para aprobarla en las distintas comisiones legislativas. De hecho, en su momento la oposición amenazó con llevar la gratuidad al Tribunal Constitucional (TC). Ese escenario cambió ayer, en línea con la apertura del exmandatario a ampliar la gratuidad a un 90%, pero en la educación técnica y los institutos profesionales.
La Sala del Senado aprobó la idea de legislar la reforma a la educación superior, que entre otros tópicos aborda el incremento de la cobertura de la gratuidad desde el 50% de la población más vulnerable al 60% a partir del próximo año.
La Cámara Alta aprobó por unanimidad la iniciativa, (34 votos), incluyendo así el beneplácito de los senadores de Chile Vamos. El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional y ahora volverá a la comisión de Educación del Senado. El plazo para ingresar indicaciones vence el 28 de diciembre.
La idea del Ejecutivo es que el texto se despache a ley antes del final del año legislativo, en el 31 de enero próximo.
Además de ampliar la cobertura de la gratuidad, el proyecto establece una nueva institucionalidad en la educación superior, con la creación de una subsecretaría y una superintendencia. Adicionalmente, fija nuevas exigencias de acreditación para los planteles.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
