El costo fiscal del programa del nuevo gobierno llega a US$ 14 mil millones, lo que representa alrededor de un 5,5% del PIB anual y en régimen implicará un gasto para los años posteriores a 2022 de US$ 4.800 millones, es decir, un 1,8% del PIB anual.
Las áreas que concentran el gasto son "Envejecimiento positivo y pensiones dignas" con US$ 3.000 millones (21,4%), la agenda de desarrollo económico para "Un país que crece y crea empleos de calidad" con US$ 2.800 millones (20%), "Infraestructura" con US$ 2.000 millones (14,3%), "Cirugía mayor a la salud" con US$ 1.500 millones (10,7%), "Mejoremos la educación en la sala de clases" con US$ 1.500 millones (10,7%), la agenda agrícola con
US$ 600 millones (4,3%), deporte con US$ 500 millones (3,6%), y "Ciencia, innovación y Emprendimiento" con US$ 400 millones (2,9%).
La reforma al sistema de pensiones, que considera el alza del Pilar Solidario, un nuevo subsidio a la clase media y a las mujeres, los incentivos para postergar la edad de jubilación, más aumento de cotizaciones de los funcionarios públicos, equivale a US$ 3.000 millones.
La corrección de la reforma tributaria, que implica incentivos para el ahorro y la inversión, demandará US$ 2.700 millones.
Mientras el plan Chile Invierte 2025, efectuado principalmente a través de concesiones, significará US$ 2.000 millones; el relativo a hospitales y la reforma a la atención primaria, que incluye retomar las concesiones hospitalarias, serán US$ 1.000 millones.
Según lo anunciado, la mitad de los US$ 14 mil millones provendrá de reasignaciones de presupuesto provenientes de programas mal evaluados, así como de medidas de austeridad fiscal y un plan de reducción de gastos "innecesarios" en el sector público, como nuevas contrataciones, viáticos, viajes, horas extra y asesores a honorarios. Esto generará ingresos para el Fisco equivalentes a US$ 7 mil millones.
Se asume que las medidas del programa económico significarán un mayor crecimiento tendencial, que pasará del 2,6% proyectado en el Presupuesto 2018 a 3,5% hacia el fin del gobierno.
Ello, unido al estricto control de la evasión, otras medidas de perfeccionamiento tributario, y lograr una mayor eficiencia de las empresas públicas, permitirá al Estado una recaudación tributaria adicional, equivalente a la otra mitad requerida para financiar el programa. Junto a ello, el déficit fiscal estructural convergerá gradualmente hacia el equilibrio a lo largo de los próximos 6 a 8 años. La deuda pública bruta tenderá a estabilizarse hacia el término del período señalado.
Todo lo anterior permitirá ingresos fiscales adicionales del orden de US$ 7 mil millones.
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