Por la unanimidad de sus integrantes, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la suspensión condicional de la causa por cohecho que enfrentaba la empresa SQM como persona jurídica, en el marco de la investigación por pagos irregulares realizados por el exgerente general de la firma Patricio Contesse a personas del entorno del otrora ministro de Economía, Pablo Longueira.
De esta forma, el tribunal de alzada dio luz verde a la salida alternativa convenida por la fiscalía y la minera no metálica, y que a fines de enero recién pasado había sido visada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
El acuerdo implica el pago de una mulda por parte de la compañía de $ 2.550 millones, de l0s cuales $ 900 millones irán a beneficio fiscal y otros $ 1.650 millones a fundaciones.
Debra Chile, entidad que trabaja con niños con piel de cristal, recibirá $ 650 millones; otros
$ 550 millones se destinarán al hospital sanatorio marítimo San Juan de Dios, de Viña del Mar, para jóvenes con daño mental; $ 250 millones a la fundación pequeño Cottolengo; y $ 200 millones para la escuela Toki de Isla de Pascua.
Además, se estableció que las sociedades deberán entregar al Ministerio Público dentro del plazo de cuatro meses, una vez ejecutoriada la resolución, un informe que contenga un modelo de prevención del delito, programa de capacitación interna, con referencia a la legislación canadiense, americana y alemana, debidamente certificada con informe en derecho de dos profesores universitarios que tengan un doctorado en derecho penal.
Y pese a que el acuerdo entre la empresa y el Ministerio Público ha sido fuertemente cuestionado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantes, el fiscal regional de Valparaíso a cargo de la causa, Pablo Gómez, valoró la resolución reconociendo que “estamos muy satisfechos. Creemos que es una excelente salida para el caso”.
Asimismo, reveló que “lo primero que he hecho ha sido comunicarme con las fundaciones receptoras de estas grandes sumas de dinero, y la alegría de ellos era total, porque se va a hacer mucho bien a mucha gente, y eso nos tiene muy contentos a nosotros como Ministerio Público”.
La abogada del CDE, Lupi Aguirre, aseguró que la entiedad que representa “no comparte la decisión del Ministerio Público que hoy (ayer) fue ratificada por la Corte de Apelaciones”, no obstante la acatarán.
“El consejo considera que, dada la gravedad de esta causa, es de aquellos casos que sin duda debían ir a juicio y no ser objeto de una suspensión condicional pero ciertamente el Consejo de Defensa del Estado va a respetar la decisión de nuestros tribunales”.
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