La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) reafirmó este miércoles su crítica posición frente a algunos puntos que incluye el proyecto de ley de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, que finalmente superó el control preventivo del Tribunal Constitucional (TC) y que dejó en condiciones de ser promulgada en el Diario Oficial.
Una vez conocida la sentencia y ya publicada la nueva norma, la multigremial espera que “se abra la posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que, de acuerdo a análisis jurídicos, pueden perjudicar la actividad económica”.
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Desde la perspectiva empresarial, plantearon a través de una declaración pública, hay problemas en lo referido a la “creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, entre otros”.
El 10 de julio pasado, la CPC presentó ante el TC un “Téngase Presente”, porque si bien dicen compartir el objetivo del referido proyecto de ley, consideran “que no cumple del todo con estos principios, pues vulnera derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Por ello, creemos que requiere de una revisión en algunas materias”.
Y agregó la declaración: “Cuando se pasan a llevar principios y derechos, nos parece absolutamente legítimo y necesario usar la institucionalidad y las herramientas que nos entregan la Constitución y las leyes, para defenderlos y presentar nuestros puntos de vista”.
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De todas formas, la organización liderada por Ricardo Mewes condenó “tajantemente todo tipo de abuso, colusión, fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier mala práctica empresarial, porque afecta directamente a las personas, a la confianza y la fe pública. Cada uno de estos delitos debe ser sancionado de acuerdo a la legislación, garantizando los principios de certeza jurídica, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.
En la CPC, insistieron, “nos parece fundamental contar con una legislación adecuada que penalice los delitos económicos y contra el medio ambiente. Se debe sancionar a los que abusan y, a la vez, garantizar certeza jurídica e igualdad ante la ley. Necesitamos una legislación efectiva y que no se preste para ninguna ambigüedad ni discriminación”.
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