A las 17:55 horas de este lunes, los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, en representación de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), ingresaron al Tribunal Constitucional (TC) un “téngase presente” por las consideraciones y vicios de inconstitucionalidad que tendría el proyecto de ley que “sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos”.
En un documento de 34 páginas, los abogados exponen una serie de antecedentes para que sean considerados en el control de constitucionalidad del mencionado proyecto de ley.
12 puntos resumen su argumentación. Entre otros aspectos apuntan a una “respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal”.
Puntos clave
En 12 puntos resumen su argumentación. El primero de ellos tiene que ver con las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto, las que a su juicio, no apuntan a considerar el derecho penal como último recurso, ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del orden público económico.
“Por el contrario, lo que hace este proyecto de ley es atentar contra el propio orden público económico al “seleccionar” a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto −y por cierto− más gravoso que el general”, indican los expertos.
Otro punto que exponen es la mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que, de acuerdo a ambos especialistas, vulneran la Constitución, “y más bien parece ser una respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos”.
La amplitud de las normas sancionatorias también fue materia de cuestionamiento. “No definen claramente los parámetros para la aplicación de las penas, y en consecuencia, el legislador incumple el deber de proporcionalidad que se requiere para normas de ultima ratio, como son las disposiciones legales penales”, argumentan.
Siguiendo con las sanciones, Hube y Zaliasnik señalan que el proyecto de ley “presume de derecho una culpabilidad muy elevada de una persona solo por el hecho de tener posición jerárquica superior en la organización al momento de intervenir en el delito”, lo que a su parecer vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución.
Asimismo, señalan que el nuevo sistema de multas (días-multa) no permitiría determinar la cuantía específica de la sanción aplicable, ni una base de cálculo cierta y verificable, “que posibilite a las personas, especialmente a los destinatarios de las reglas prever la multa esperable frente a los hechos sancionables”.
Respecto de los tipos penales relacionados con la “adopción de acuerdos abusivos del directorio”, según los abogados que representan a la CPC, “constituyen una ley penal abierta, al no describir las conductas tipificadas en razón de las exigencias constitucionales (conductas descritas de manera expresa y previa)”.
Otro de los puntos que abordan es la “inaplicabilidad de los delitos económicos a las micro y pequeñas empresas”, que -según describen en el escrito- refleja que el objetivo buscado por el legislador al imponer un determinado castigo no tiene que ver con el hecho, sino que con la posición de quien lo comete y el lugar donde trabaja.
Lo que viene
La presentación ante el Tribunal Constitucional era una de las cartas que habían expuesto los detractores a la nueva normativa con anterioridad, aunque en este caso se materializó a través de un “téngase presente”para ser revisado en el control de constitucionalidad del proyecto de ley, que justamente tiene en tabla para este jueves, el pleno del Tribunal.
Por el lado de los “defensores” de la normativa que sistematiza los delitos económicos y atentados al medio ambiente, éstos no se quedarán de brazos cruzados y trascendió que ya están trabajando en una contraofensiva ante el TC y cuyo escrito será presentado en las próximas horas.
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