La nominación del presidente del Senado, Andrés Zaldívar, para integrar el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias no sólo provocó un quiebre al interior de la Nueva Mayoría, que incluso podría ser insalvable; sino que, además, puso el foco en los criterios para elegir a los aspirantes a integrar el organismo y su remuneración.
Aunque no lo dice la normativa, el hecho de que las nominaciones deban ser aprobadas por los 3/5 de las salas del Senado y la Cámara, respectivamente, provoca que se produzca el nunca bien ponderado y cada vez más rechazado “cuoteo”, en cuyo marco los partidos más grandes se esfuerzan por estar representados.
Según lo establece su reglamento, este órgano -que fue creado en el marco de la modernización del funcionamiento del Congreso Nacional en el 2009- debe estar integrado por un exministro de Hacienda, Economía o un exdirector de la Dipres; un exconsejero del Banco Central; un exdecano de una Facultad de Administración, Economía o de Derecho de cualquier universidad reconocida oficialmente por el Estado; un exsenador que se haya desempeñado como mínimo ocho años en el cargo y un exdiputado con similar requisito, pero en su caso pueden ser continuos o discontinuos.
Otro de los requisitos que generó algo de debate en esta nominación es que la función de consejero es, según el artículo 7 del reglamento, “incompatible con el desempeño de los cargos de ministro de Estado, subsecretario, intendente, gobernador, consejero regional, alcalde, concejal, jefe de servicio, miembro del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones; consejero del Banco Central, parlamentario y empleado del Congreso Nacional”.
Y algunos interpretan que tanto el propio Zaldívar como el ministro de Defensa José Antonio Gómez podrían estar contraviniendo esa norma, ya que mientras se realiza el proceso ambos están ejerciendo sus cargos.
También ha sido objeto de crítica de parte de algunos parlamentarios la alta dieta que perciben los consejeros, que es de 100 UF mensuales, unos $ 2.680.000.
Tribunal Constitucional
Mientras tanto, el diputado independiente y exDC René Saffirio sigue trabajando en la elaboración del documento que presentará ante el Tribunal Constitucional a fin de evitar que el senador Andrés Zaldívar pueda asumir el cargo de consejero en la instancia de asignaciones parlamentarias.
Para ello, el parlamentario requiere nueve firmas además de la suya y la próxima semana se daría a la tarea de recolectarlas entre quienes rechazaron la nominación de los consejeros.
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