Ante el anuncio del gobierno de que se ingresarán indicaciones sustitutivas al proyecto de reforma al Código de Aguas que se tramita en el Congreso, un grupo de diputados de la Democracia Cristiana (DC) respondieron que rechazarán las modificaciones si afectan el foco central de la iniciativa que considera al agua como "un bien de uso público".
El diputado Gabriel Ascencio, integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, recordó que "esta fue una reforma que generó un controvertido debate" y subrayó la importancia de "contar con un código que responda a las necesidades actuales, consagrando el agua como un bien nacional de uso público y entregando aquellas herramientas que permitan responder a la escasez del recurso que hoy afecta a más del 14% de los habitantes en el país".
En este contexto, agregó que "los cambios no deben ser para favorecer a unos pocos, hay que pensar en el colectivo y principalmente en las comunidades".
Mientras que su par, el presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini, advirtió que "volveremos a ver el lobby, no cabe duda, y por qué no, el conflicto de interés, aquí tratarán de cambiar lo ya aprobado y por eso desde ya adelantamos que no estaremos disponibles cuando el proyecto vuelva a tercer trámite", ya que se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Agricultura del Senado, tras haber sido aprobado en la Cámara.
En tanto, el diputado Raúl Soto indicó que "un país que aspira a ser desarrollado y, al mismo tiempo más justo y sustentable, no puede tener al agua, nuestro principal elemento vital, como centro de un permanente conflicto de interés entre privados"; su par Joanna Pérez admitió que la iniciativa "genera controversia", a su juicio, porque "lo que se encuentra en juego es uno de los elementos vitales para negocios como la minería, forestales, hidroeléctricas y las grandes empresas agropecuarias".
En este contexto, el diputado Daniel Verdessi enfatizó que el proyecto "es clave para regiones como Valparaíso, donde las comunas del interior están enfrentando una escasez del recurso que pone en riesgo a la población", por lo que "no puede ser desmantelado y debe asegurarse que no queden espacios para la especulación y el acaparamiento del recurso".
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