Un traspié sufrió ayer el gobierno luego que no se pudiera iniciar la tramitación del proyecto de la Ley Antiterrorista, debido a que no cuenta aún con el informe financiero; y de que la Contraloría General de la República, declarara ilegales los cambios que el Ministerio de Salud le realizó al protocolo de la Ley de Aborto en tres causales.
Ayer el presidente de la comisión de constitución del Senado, Francisco Huenchumilla (DC), advirtió al ministro del Interior, Andrés Chadwick -que concurrió a la instancia a exponer sobre la indicación sustitutiva que el Ejecutivo ingresó al proyecto de Ley Antiterrorista- que la normativa no estaba acompañada del informe financiero y que de no corregirse ese problema, la iniciativa podría declararse inconstitucional.
El titular de Interior desdramatizó la situación, asegurando que el próximo martes volverá con el citado informe, con lo que se disiparían las dudas planteadas por el senador falangista en cuanto a que la iniciativa involucra gastos para el Presupuesto nacional.
Sin embargo, Huenchumilla aclaró que “el proyecto del Ejecutivo cometió un error, porque no señaló cuáles son las fuentes de financiamiento de esta nueva ley. Por lo tanto, no venía con el informe del Ministerio de Hacienda, se estaba haciendo una ley sin señalar cómo se iba a financiar”.
Y sacando a colación las críticas del propio titular de Hacienda, Felipe Larraín, en cuanto a que “hay como US$ 5.000 millones sin justificar en las leyes que se dictaron en el gobierno pasado, bueno, aquí estábamos dictando un proyecto de ley que carecía de financiamiento”.
El senador enfatizó que tiene atribuciones para declarar inadmisible el proyecto, pero que como “una deferencia hacia el Ejecutivo, le dimos plazo para que en la próxima sesión traiga el informe de Hacienda”. Advirtió que si el ministro no cumple el compromiso el próximo martes “yo voy a declarar inconstitucional el proyecto del Ejecutivo”.
No obstante, para el senador Alfonso de Urresti (PS), integrante de la comisión, “hay un tema de fondo, que creo que esta es una modificación a la ley de la dictadura, la ley del ’84, y yo le hice ver esa situación al ministro”.
Cuestionado protocolo
Ya en la tarde de ayer, el gobierno sufrió un nuevo golpe: la Contraloría declaró ilegales los cambios del gobierno al protocolo de la Ley de Aborto en tres Causales.
La diputada que estuvo a cargo de aplicar el mecanismo, Marcela Hernando (PR), valoró la decisión del organismo fiscalizador y descartó una acusación constitucional contra Emilio Santelices: “No tengo interés en destituirlo”, aseguró.
Pero la bancada PPD-PRO que instó al ministro a renunciar para no arriesgarse a enfrentar este escenario, junto a sectores del Frente Amplio, plantearon que evaluarán la medida.
La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, leyó una declaración pública en que dijo “no compartimos” el fallo, pero lo “acatamos”.
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