Fue en octubre de 2015, mediante cadena nacional, que la presidenta Michelle Bachelet dio inicio al proceso constituyente, anunciando una serie de etapas que finalizarían con el envío al Congreso, durante el segundo semestre de 2017, del proyecto de una nueva Carta Fundamental.
Y si bien todas las etapas se llevaron a cabo, los plazos no coincidieron. De hecho, todo indica que en la postrimería de su mandato, ahora recién en marzo, la gobernante presentará la iniciativa, que desde el mundo de la centroizquierda apuestan porque sea recogida por el presidente electo Sebastián Piñera, aunque éste ha dejado en claro que entre sus prioridades no está el avanzar en reformar en profundidad la Constitución.
De ahí que surge la pregunta respecto del destino del trabajo realizado, que incluyó recursos públicos, asi como el aporte de más de 200 mil chilenos que se involucraron en los diálogos ciudadanos y que contribuyeron a la elaboración de las bases ciudadanas que deberían verse reflejadas en el texto que se espera que se conozca en un par de semanas.
"Una promesa de difícil cumplimiento transmisible al gobierno siguiente"
"Ingresar una nueva Constitución, a toda costa, los últimos días, no lo encuentro una buena idea", dice el abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hector Mery, al comentar la decisión del gobierno de impulsar antes del 11 de marzo próximo y en los descuentos del mandato de Michelle Bachelet el texto de una nueva carta fundamental.
A juicio de quien integró en 2016 el Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) del proceso constituyente -junto a más de una decena de personalidades de todo el espectro político y social chileno-, la determinación de avanzar en un nuevo texto "no se condice con los pasos que dio el Ejecutivo en estos últimos cuatro años".
Ello, porque en el marco del envío de la reforma al Capítulo XV en abril de 2017 –cuyo avance fue casi nulo- se habilitaba al Congreso a convocar una convención constitucional, lo que suponía un cambio en el diseño original planteado por la misma mandataria en 2015 y donde se fijaba que sería el Parlamento –constituido a partir de marzo de 2018- el que definiera, entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el gobierno y las formas de aprobación de la nueva Constitución. "Todos somos libres de pensar lo que queramos pero uno espera de un gobierno, propuesta una metodología, que ésta sea respetada y no que sea una promesa de difícil cumplimiento transmisible al gobierno siguiente, que puede tener su propia idea constitucional y de hecho la tiene", sentencia el abogado, cuyo nombre también suena para integrar el futuro ministerio de Justicia.
"Ningún gobierno puede desconocer la tarea que se hizo"
Como exintegrante del Consejo Ciudadano de Observadores, Roberto Fantuzzi, admite sentir "un poco de rabia" al pensar en la posibilidad de que no se envíe el proyecto de una nueva Constitución comprometido por el gobierno "porque se trabajó una enormidad para hacer planteamientos".
Así, junto con reconocer que sus aprensiones se ven aplacadas al saber que en marzo la iniciativa ingresaría al Congreso, el dirigente de los industriales opta por empatizar con los más de 200 mil ciudadanos que participaron de los encuentros locales y cabildos que se realizaron a nivel país, por lo que supone que " hay gente que se debe sentir desilusionada, para qué trabajar en vano", dice. Por ello, sostiene que "ningún gobierno puede desconocer la tarea que se hizo, sería un absurdo, porque también hubo participación de gente en el Consejo (CCO) que eran partidarios del presidente electo (Sebastián Piñera)". Por lo mismo, Fantuzzi insiste en que "ojalá (el próximo gobierno) se haga cargo".
"El nuevo gobierno tiene que tener un pronunciamiento"
El diputado PS e integrante de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Leonardo Soto, desdramatiza el hecho de que el gobierno presente ahora en marzo y a días de que expire su mandato el texto de una nueva Carta Fundamental, recordando que "el compromiso de la Presidenta no fue garantizar que existiera una Constitución aprobada en su mandato", sino que "recoger una demanda largamente sustentada desde el mundo social".
De esta forma, junto con destacar que esta administración concluirá "presentando un texto", el parlamentario subraya que "es un error analizar el tema en términos de que se aprobó o no una nueva Constitución, porque los procesos constitucionales son largos y extensos".
Y, por lo mismo, subraya que la nueva Carta Magna "es una demanda que sigue vigente en la ciudadanía, por tanto el nuevo gobierno tiene que tener un pronunciamiento", aunque está consciente de que se trata de una petición que "va a enfrentar momentos difíciles, pero es una demanda que trasciende a las coyunturas electorales y Piñera va a tener que tener una respuesta".
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