La reacción llegó en menos de 24 horas. El nuevo ministro de Justicia Hernán Larraín anunció el domingo por la tarde que su cartera paralizaría el nombramiento del ex fiscal Luis Toledo como notario de San Fernando. La medida, una de las últimas implementadas por el gobierno saliente de Michelle Bachelet, generó polémica, ya que Toledo fue el encargado de liderar el caso Caval, que afectó al hijo de la ex mandataria.
Pese a que el abogado Alberto Jirón había sido el candidato inicialmente elegido para el cargo, su nombre fue bajado a último minuto y reemplazado a instancias del exministro de Justicia, Jaime Campos, quien ha defendido su decisión y ha descartado haber actuado bajo instrucciones de La Moneda.
Sin embargo, anticipando que su nombramiento no superaría las objeciones de las nuevas autoridades, Toledo anunció ahora que desistió de su postulación. A través de una carta al contralor de la República, el ex fiscal desestimó las suspicacias que generó su nombramiento y defendió su trayectoria. “Como funcionario público, habiendo desempeñado desde el año 2000 y hasta principios del año 2016 el cargo de Fiscal en el Ministerio Público, he ejercido la labor investigativa con observancia de los principios de objetividad, legalidad y responsabilidad que tal función demanda”, señala el escrito.
Toledo atribuyó además controversia generada por su nombramiento a intereses políticos. “Tal circunstancia me ha envuelto en una polémica de orden político, injusta, gratuita, desinformada e interesada, que atribuye un inexistente, espurio y despreciable ‘pago de servicios’, sin especificación alguna, que manchan mi honra funcionaria y desconocen la labor realizada en este caso y en toda mi trayectoria profesional”.
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