La era digital avanza a pasos agigantados. Cada día es más común que los ciudadanos utilicen las plataformas tecnológicas -principalmente celulares, tablets y laptops- para interactuar entre ellos y realizar trámites de su vida cotidiana. Dicha tendencia no solo se limita a las personas comunes y corrientes sino también a las autoridades... y especialmente a las tributarias.
Un informe de la auditora EY pone en perspectiva cómo la tecnología está cambiando la manera en que los fiscalizadores tributarios cobran los impuestos e interactúan con los contribuyentes, armándose de medios digitales para “afinar” las auditorías.
En el reporte, titulado “Tax administration goes digital” (“La administración tributaria se vuelve digital”), la auditora identifica 7 “tendencias globales” y 23 “megatendencias” en 16 países en los que los recaudadores de tributos están echando mano inclusive a la inteligencia artificial para mejorar los proceso de fiscalización.
El estudio enfatiza que el mundo se encuentra ad portas de una etapa “disruptiva” en materia de fiscalización tributaria, con “desafíos” que provienen de los mayores requisitos de información de la que son objeto tanto las personas naturales como las empresas, lo que podría llevar a un período de “fricción” entre las partes.
“Las notificaciones de auditoría podrían incrementarse, las compañías tendrán que responder a investigaciones en una manera más eficiente y a tiempo, creando una camada de penalidades en caso de que no cumplan, mientras las controversias en torno a las diferencias de impuestos podrían incrementarse”, dice el estudio.
Casos llamativos
EY recalca tendencias en países como Japón, que en un período de diez años se propone modernizar su administración tributaria para hacerla “inteligente”, incorporando análisis de datos e inclusive inteligencia artificial.
Otro caso llamativo es Irlanda, que a partir del próximo año implementará mecanismos para que los empleadores informen “en vivo y en línea” los impuestos pagados aporsus nóminas de trabajadores. En el mismo período, Hungría se propone aumentar las auditorías y fiscalizaciones digitales a partir de la información de facturas obtenidas en línea.
Naciones como Singapur y Rusia se encaminan a implementar los estándares CBC (“Country by Country Report”) y de la estrategia BEPS (erosión de la base imponible y traslado de beneficios, en español). Ambos aumentan los requisitos de información de la administración tributaria hacia los contribuyentes, mientras que -a su vez- le permite intercambiar esa información con otros países (ver tabla).
¿Y en Chile?
El socio de Cumplimiento Tributario de EY Chile, Juan Antonio Rivera, enfatiza que el principal ejemplo de cómo el país se alinea con los nuevos estándares es el mecanismo de fiscalización a distancia que el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó a implementar en 2017, lo que le permite conectarse a los sistemas informáticos de los contribuyentes en un proceso de fiscalización.
“Sin embargo, aún las auditorías tributarias se traducen en la revisión de antecedentes y soportes que el contribuyente debe presentar en forma presencial y que implican, en algunos casos, largos procesos de revisión. Probablemente acá es donde la fiscalización digital debe ayudar a la eficiencia”, plantea.
Argentina opta por cobrar impuestos a aplicaciones
El tema es uno de los grandes dolores de cabeza de las administraciones tributarias en el mundo, incluida la chilena: ¿qué hacer con la denominada "economía digital"? ¿Deben pagar impuestos plataformas electrónicas como Netflix, Uber y Spotify? ¿Qué tipo de gravamen? ¿Solo el IVA?.
Debate que se ha intensificado en el mundo y que en Argentina ya ha dado sus frutos.
La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial trasandino el decreto 354 de 2018 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, símil del SII chileno), que reglamenta el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior cuya utilización o explotación se lleve a cabo en el país.
Si bien el documento no menciona específicamente a una plataforma, publicaciones trasandinas señalan que la medida afectaría a compañías como Netflix y Spotify, dado que no tienen sociedades que los representen en territorio argentino.
El documento de la AFIP establece que el sujeto del gravamen se definirá a través de un listado de prestadores que será publicado y actualizado periódicamente por la autoridad. El cobro de impuestos parte cuando se publica la lista.
Los otros reguladores
Argentina no es el único país de la región que ha hecho esfuerzos por regular la situación tributaria de la economía digital.
Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Brasil y Uruguay se le unieron en dicha cruzada.
En Brasil, los municipios de Río de Janeiro y Sao Paulo aplicarán un impuesto a la emisión en directo de audio, videos, imágenes o texto a través de internet, incluidos los juegos electrónicos. Mientras que Uruguay gravará las rentas que obtienen no residentes por la prestación de servicios por internet o a través de plataformas tecnológicas.
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