A cinco días de que venciera el plazo, el gobierno finalmente muestra sus cartas en materia fiscal. Esta mañana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en compañía del director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, presentó el decreto que establece el compromiso del Ejecutivo en el manejo de las cuentas fiscales, luego de la controversia por el mayor déficit estructural y los gastos por US$ 5.500 millones comprometidos sin financiamiento heredados del gobierno anterior.
En esta línea, Larraín reveló que la meta del Ejecutivo será pasar de un déficit estructural del sector público de 2% del PIB en 2017 a uno de 1,2% en 2021. Esto implica un compromiso de reducir el saldo negativo a un ritmo de 0,20 puntos del Producto por año. Dicha trayectoria es menor al 0,25 punto de PIB que comprometió como meta el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
¿La razón? El secretario de Estado explicó que el escenario fiscal era más estrecho de lo esperado debido al mayor déficit estructural de 2017 -que el día previo al cambio de mando se informó que era 2,1% del PIB en lugar del 1,7% preliminar- y las presiones de gasto sin financiamiento heredados desde el gobierno anterior.
Consultado sobre si hubiera sido riesgoso aplicar una meta más ambiciosa de reducción del déficit, aseguró que "podríamos haber sido más agresivos" en materia fiscal, pero señaló que "el tema central es reconocer que tenemos en torno a US$ 5.500 millones de gastos adicionales, que son presiones de gasto que son muy difíciles o imposibles de manejar, y por tanto son gastos comprometidos".
"A nosotros nos hubiera gustado haber avanzado más, pero ese 0,4 de diferencia (en el déficit estructural que informó el gobierno anterior) hace que nuestra meta converja al -1% en 2021. Nos hubiera gustado haber avanzado más, pero la situación y el punto de partida es más complejo y más exigente de lo que habíamos esperado", aseguró el ministro de Hacienda.
"La política fiscal debe estar enfocada en un manejo responsable de la deuda pública y de las inversiones de los activos financieros públicos, que permita recuperar los niveles de riesgo país y el bajo costo crediticio, velando por una carga tributaria equilibrada y un uso eficiente y transparente de los recursos públicos", dijo Larraín.
¿Promesa incumplida?
Durante la campaña presidencial, el nuevo gobierno se comprometió a alcanzar un equilibrio en las cuentas fiscales en un plazo entre seis a ocho años. De mantenerse el compromiso fiscal para la próxima administración, a 2025 el saldo negativo de las arcas públicas de largo plazo ascendería a 0,4 punto del PIB, no lográndose el prometido equilibrio.
"Nosotros podemos comprometernos a lo que dure el período de gobierno. Para que usted pudiese cobrarme esa promesa, tendríamos que ser reelegidos, eso depende de los chilenos. Lo que nosotros nos podemos comprometer es aquí al 2022. El ser más ambicioso o no depende de las condiciones que uno encuentre", explicó.
"Para efectos de esto, el gobierno del presidente Piñera impulsará un gasto público sustentable en el largo plazo, centrado en generar crecimiento económico, en promover el empleo e impactar positivamente en el bienestar de la población", señaló.
El decreto también establece reducir el nivel de la deuda pública, que a marzo ya superó los US$ 70.000 millones, lo que representa en torno al 24% del PIB.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
economia chilena
