Este viernes personal de la PDI allanó las dependencias de Carabineros en la ciudad de Temuco, en el marco de las indagaciones tras la grave denuncia de montaje en el marco de la "Operación Huracán", según informó Radio Bío Bío.
Cabe recordar que en esta "Operación" se detuvieron a ocho personas, incluido el líder de la CAM Héctor Llaitul, tras vincularlos a la quema de camiones e iglesias en La Araucanía. Dentro de las pruebas que presentaron para acusarlos se incluyen conversaciones a través de mensajerías de texto como Whatsapp y Telegram, antecedentes que finalmente resultaron ser falsos.
A raíz de esto, la fiscalía regional dictaminó cerrar la investigación contra los imputados y abrir una investigación en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
"Hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos", sostuvo el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes.
El persecutor sostuvo que se trata de un "hecho gravísimo" y agregó que es la primera vez que la fiscalía regional recibe una información de parte de Carabineros que se desarrolló íntegramente conforme al estatuto previsto en la Ley de Inteligencia. Esto significa que se hizo con diligencias investigativas realizadas autónomamente por Carabineros y sin el control de los fiscales.
Finalmente, el fiscal dio a conocer que cuanto fueron detectadas estas irregularidades, se instruyó la realización de peritajes para despejar las dudas.
Carabineros defienden investigación
Por su parte, Carabineros defendió su trabajo de inteligencia en la "Operación Huracán", luego que la fiscalía de Temuco cerrara la investigación tras denunciar irregularidades en las pruebas entregadas por la policía uniformada.
"Nosotros mantenemos inalterable la convicción respecto la seriedad de los antecedentes que involucran a los imputados", recalcó Gonzalo Blu, jefe nacional de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar).
"Carabineros, al igual que la fiscalía, tuvo la convicción de que los antecedentes a la vista, fueron suficientemente sólidos para solicitar la detención y posterior formalización de los imputados", añadió.
Además, calificó como "preocupante" que se cierre una investigación de ocho meses frente a otra de tres semanas. De todas maneras, anunció que realizarán un "sumario administrativo para resolver las controversias que se han hecho públicas".
Cautela en el gobierno
En tanto, el Ejecutivo mostró cautela ante la polémica por encontrarse aún en investigación. "El gobierno no toma palco, llamamos a no prejuzgar", sostuvo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
De todas maneras, afirmó que "si se llega a probar parte de los hechos el costo institucional será muy alto".
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