Cuando buena parte del mundo político centra su atención en saber quiénes serán los integrantes del gabinete del presidente electo Sebastián Piñera, los partidos de Chile Vamos no solo afinan la nómina de candidatos a ministros de Estado sino que también la de quienes podrían ocupar los cientos de cargos de confianza que debe nombrar la máxima autoridad del país.
De hecho, los 23 jefes de cartera son solo una fracción de los 745 de las designaciones directas del nuevo gobierno. Así a la veintena de secretarios de Estado se suman 33 subsecretarios; 141 cupos en el cuerpo diplomáticos; 16 intendentes; 56 gobernadores, 135 jefes de división y más de 80 cargos en el primer y segundo nivel jerárquico no adscrito al sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
Adicionalmente, el próximo gobernante tendrá la posibilidad de llamar a concurso a aquellos cargos de primer nivel jerárquico, es decir jefes superiores de servicio (como INE, SERNAC, SII, entre otros) que sean ADP, ya sea porque se pidió la renuncia o se generó el cupo por otra causa.
Ante aquellas vacancias no se podrá nombrar lo que se conocía como transitorios y provisionales (TyP), figura que fue eliminada en las modificaciones realizadas al sistema ADP a fines de 2016; y se tendrá que recurrir a los subrogantes legales a la espera de que se desarrollen los respectivos concursos. Así se limita la posibilidad de que quien subrogue, pueda participar del proceso que en muchas ocasiones terminaban ganando los mismos TyP.
Con todo, el futuro presidente dispondrá de la facultad de nombrar a 12 jefes de servicios (ADP), pero para ello solo dispondrá de un plazo de tres meses. De incumplir con ese aspecto de la normativa, el mandatario –precisó hace unos días el director nacional (s) del Servicio Civil, Basilios Peftouloglou- queda obligado a regirse por las normas sobre selección de altos directivos previstas en la Ley, esto es, llamar a concurso público aplicando las reglas generales del SADP.
Pero la eliminación de los TyP no es la única limitación que tendrá la próximas autoridad al instalarse en el aparato estatal. En las últimas modificaciones al SADP se amplió la cobertura del sistema a 124 servicios públicos con 154 nuevos cargos, entre ellos -para el primer y segundo nivel jerárquico- se sumó la Oficina de Políticas Agrarias (Odepa), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la Dirección del Trabajo (DT).
Lo mismo ocurre con el primer nivel y los directores regionales del Sename; los subdirectores del Servicio Civil y del Serviu metropolitano; los segundos niveles de la Dirección General de OOPP y de la Dirección de Planeamiento del MOP y los nuevos organismos de la nueva institucionalidad educacional.
En varios de los servicios recientemente incorporados al sistema no se descarta que sus actuales autoridades, como es el caso Christian Mellis, hoy Director del Trabajo, dimitan al puesto en un gesto político hacia la futura administración.
Trabajadores públicos
En paralelo a las nuevas restricciones que rigen para las futuras autoridades, desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) anuncian que observarán con atención los pasos del futuro mandatario, toda vez que en el marco de la campaña anunció –no sin generar polémica- su intención de remover del Estado a los llamados “operadores políticos” y que en 2010 se despidieron cerca de 11 mil trabajadores públicos.
“Observáremos atentamente como cursa este proceso con la expectativa de que la legislación que se impulsó para fortalecer al Servicio Civil y el sistema de la Alta Dirección Pública se mantenga en su espíritu central que es dotar al Estado y a los servicios públicos de estabilidad en su conducción basados en sistema de concurso que están ajustados a perfiles de selección y al mérito del concursante”, afirmó el presidente de la ANEF, Carlos Insunza.
Adelanta que también estarán atentos a los nombramientos que haga el Presidente, “atendiendo que ya en su anterior gobierno se vivieron experiencias muy complejas a propósito de los conflictos de interés”. Por lo mismo, esperan tener la oportunidad de dialogar con el nuevo gobierno para expresarle la voluntad de que se tomen medidas para evitar que esas complicaciones sean de nuevo un sello del gobierno.
Y sobre los trabajadores del Estado, Insunza anticipa que “vamos reiterar con claridad lo que expresamos durante la campaña presidencial, de que no corresponde que quienes van a asumir la conducción del gobierno hagan manifestaciones al boleo que descalifiquen a funcionarios públicos tildándolos de operadores políticos u otros adjetivos que no hacen más que estigmatizar y preparar las condiciones para avanzar en procesos de despidos masivos y arbitrarios tal como los vivimos ya en 2010”.
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