Hoy será un día clave para la agenda de modernización del Estado del nuevo gobierno. A partir de las 10:30 am, la Sala de la Cámara de Diputados votará la idea de legislar del proyecto que institucionaliza el sistema ChileAtiende, transformándolo en un servicio público destinado a facilitar los trámites de los ciudadanos en el aparato estatal.
El texto se encuentra en primer trámite constitucional y, tras un acuerdo de los comités parlamentarios, se retomará luego de ser presentado al Congreso por el primer gobierno de Sebastián Piñera en octubre de 2013 y mostrar nulo avance en la administración pasada.
Según cifras de Hacienda, cartera que trabaja con la Secretaría General de la Presidencia en el proyecto, cada año la economía pierde entre US$ 1.300 millones y US$ 2.400 millones por culpa de trámites presenciales.
¿Cómo se llega a ese número? Los datos oficiales sugieren que al año se realizan 270 millones de trámites presenciales de parte de ciudadanos en el aparato estatal, los cuales en promedio duran media hora. Acorde a cálculos de Hacienda y Segpres, el Producto nacional pierde US$ 18 por persona si le toma una hora realizar sus trámites.
El objetivo de la iniciativa legal es que, una vez aprobado, se pueda reducir de 270 millones a 2,7 millones el número anual de trámites realizados de manera presencial en las reparticiones públicas en el largo plazo.
Los detalles
ChileAtiende apunta a coordinar los distintos servicios públicos y operar como un multicanal para sistematizar los trámites del público, fomentando que la mayoría se realice en línea, en lugar de hacerlo en persona.
Así, el proyecto le otorga el rango de servicio público a la mencionada figura, el cual una vez institucionalizado se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda.
Hoy la red cuenta con 254 puntos de atención permanentes a lo largo del país, siendo la mayoría de ellos puntos del Instituto de Previsión Social (IPS). Las instituciones prioritarias para realizar trámites en la plataforma son el IPS, el Ministerio de Desarrollo Social, Fonasa, Registro Civil, Mineduc, la Dirección del Trabajo y el Minvu.
Desde Hacienda enfatizan que hoy el programa depende de la voluntad política del gobierno de turno y de diseños presupuestarios anuales. “Para que crezca y cumpla los objetivos es clave institucionalizarlo”, detallan.
En caso de aprobarse la idea de legislar, el proyecto volverá a la comisión de gobierno Interior para ser objeto de indicaciones. También debe pasar por la comisión de Hacienda. En caso de rechazarse, el Ejecutivo deberá esperar un año para volver a discutirlo en el Congreso.
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