El Presupuesto fiscal 2016, como todos los años, da para una amplia discusión. Sobre el tamaño del Estado, la asignación de prioridades del gobierno, crecimiento de gasto corriente versus inversión, las necesidades de financiamiento del Estado, los supuesto macroeconómicos implícitos, etc. Sin embargo, una de las consideraciones más relevantes tiene que ver con el objetivo del balance estructural, pues a diferencia de gran parte del resto de las discusiones, tiene un alcance que transciende el año fiscal.
La ley de responsabilidad fiscal -promulgada durante la administración anterior de la presidenta Bachelet- además de crear un nuevo marco para la gestión de los activos y pasivos públicos, mandatar la creación de un fondo de reserva de pensiones, un fondo de estabilización y un mecanismo de capitalización del Banco Central, fija la obligación al Presidente de la República de informar al Congreso la trayectoria de la política fiscal durante su mandato y las consideraciones que ella tendrá sobre el balance estructural.
De los elementos más destacables de la presentación del actual Presupuesto, y de los cuales tendremos más detalles posterior a la publicación de la Hacienda Pública, es el anuncio del ministro Valdés de que no se abandonará el objetivo de alcanzar un balance estructural en el mediano plazo. Reducir el actual déficit de aproximadamente 1% a razón de un cuarto al año desde 2016 es un esfuerzo que debemos realizar.
Como toda meta autoimpuesta (la ley no obliga a nada más que a informar), se debe mantener una consistencia temporal entre lo anunciado y realizado, de manera que la credibilidad de esa autoimposición por parte de terceros sea tan fuerte que no haga necesaria la presencia de una ley más rígida, con todas las pérdidas de grados de independencia que la gestión de la política fiscal requiere.
En este sentido, desde la presentación hace más de 15 meses del objetivo de llegar a un balance estructural a 2018, muchas cosas han cambiado: hemos visto reducida nuestra capacidad potencial de crecimiento, las dinámicas efectivas han sorprendido a la baja y el escenario externo ha impactado tanto el valor como volumen de nuestras exportaciones. Por lo mismo, era muy difícil mantener la meta, y al mismo tiempo era necesario mantener un equilibrio entre credibilidad y capacidad de ejecución del nuevo anuncio. El Presupuesto, en este sentido, logra ambas cosas: postergar en un año dada las nuevas condiciones macroeconómicas es un esfuerzo razonable, al mismo tiempo que no requiere de un ajuste del gasto con impacto macroeconómico que pudiera llegar a ser desestabilizador.
Sin embargo, no hay que perder nunca de vista esa meta: es necesario seguir educando la discusión fiscal desde lo corriente a lo estructural, hay que abrir lo más posible los parámetros y criterios contables utilizados por la Dirección de Presupuesto, hay que darle el peso necesario al Consejo Fiscal, y por qué no, darle un mandato similar al que tiene el Banco Central respecto de estabilización de precios.
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