El último tiempo del gobierno de Sebastián Piñera antes del receso de Semana Santa estuvo marcado en buena medida por los alegatos de Chile y Bolivia en La Haya por la demanda marítima. La Corte Internacional de Justicia en la semana dos y tres de la actual administración le dio al Ejecutivo una especie de plataforma para explorar la búsqueda de acuerdos que tanto anhela el Presidente en su segundo mandato. El Jefe de Estado los necesita: a diferencia de la indiscutible ventaja que alcanzó en la presidencial, el oficialismo no tiene en ninguna de las cámaras los votos necesarios para alcanzar siquiera una mayoría simple.
El pasado miércoles vimos en La Moneda a representantes del Partido Comunista y del Frente Amplio siguiendo los alegatos, mostrando nuevamente que La Haya tiene una cuestión virtuosa respecto de la unión de las fuerzas políticas. Es cierto que actualmente no existe un total consenso sobre la materia –el representante del Frente Amplio, el diputado Pablo Vidal, de nuevo instala la idea de la mesa tripartita entre Chile, Bolivia y Perú, tantas veces intentada y fracasada a lo largo de la historia–, pero en la suma y resta Chile sigue teniendo una posición relativamente homogénea y sus relaciones exteriores tratadas como una política de Estado.
La Haya fue, en definitiva, un bálsamo para las tensiones internas, porque hubo al menos tres conflictos que ha debido enfrentar hasta ahora el Ejecutivo en los últimos días de este mes de arranque: el protocolo de la Ley de aborto, el anuncio de los cambios a la Ley Antiterrotista y la decisión del Tribunal Constitucional sobre el lucro en la educación. Tienen cierta ambigüedad, no son frontales ni atacan todos directamente a La Moneda, pero han movido las aguas para el presidente Piñera, que parece decidido a convertirse en el segundo Patricio Aylwin.
Los cambios que realizó el gobierno al protocolo de objeción de conciencia de la ley de despenalización de aborto en tres causales, que flexibilizan las restricciones para los recintos que rechazan realizar este procedimiento en sus instalaciones, tenían una necesidad temporal. Quienes se oponen a la medida acusan al Ejecutivo de debilitar la ley aprobada en 2017, mientras que en el oficialismo explican que se trata menos de un asunto ideológico que de una medida práctica que debía realizarse cuanto antes.
El asunto estaba judicializado desde que la UC pidió en febrero a la Justicia declarar ilegal el reglamento respectivo, básicamente porque hacía que la objeción de conciencia en las interrupciones del embarazo fuese incompatible con los convenios de estas instituciones privadas con el Ministerio de Salud para otorgar prestaciones ginecológicas y obstétricas.
En otras palabras, la Católica parece haberse preguntado: ¿por qué tendría que dejar de atender a las mujeres del sistema público solamente porque no quiero practicar abortos? Resultaba insensato para la UC y también para el actual gobierno. De aplicarse ese reglamento, al menos tres consultorios de la red católica habrían tenido que terminar con aquellas prestaciones. En el Ejecutivo explican que se buscó evitar un problema mayor con los pacientes.
El 62% en La Araucanía
Pero la decisión abrió un flanco y dejó en evidencia dos posturas encontradas: aquellos defensores del Estado, que quisieran que toda la medicina disponible en Chile cumpla con una cierta regla; y quienes dicen defender las libertades individuales y el derecho de objeción de conciencia que tienen incluso las instituciones, como la UC, de quien ciertamente nadie podría esperar una posición distinta a la que ha defendido. El presidente Piñera, evidentemente, se encuentra en este segundo grupo. Existe en el mandatario, además, un segundo asunto: tiene fuerzas católicas en su interior. Tanto de sí mismo –porque profesa esa religión–, como dentro de su conglomerado.
Al margen de las señales, sin embargo, en la mayoría de las instituciones que no se han acogido a la objeción de conciencia se podrán practicar las interrupciones.
Un segundo asunto tiene relación a los anuncios del cambio de la Ley Antiterrorista en la ciudad de Temuco.
El gobierno busca alcanzar grandes acuerdos en torno a cinco grandes asuntos: infancia, seguridad, salud, superación de la pobreza y paz en La Araucanía. De todos, probablemente el de La Araucanía es el de mayor dificultad. Por lo tanto, ¿para qué anunciar el cambio de una ley que es importante para la zona, pero que causa importantes divisiones entre los sectores políticos, si al mismo tiempo el gobierno se había propuesto un acuerdo?
La Moneda parece tener conciencia de que resulta difícil llegar a consensos sobre la materia, porque existen sectores que ni siquiera califican de terrorismo lo que sucede en La Araucanía. En materia de cambios a la ley, por lo tanto, va a mandar menos la necesidad de acuerdos, como el programa. Pero se produjo un enredo discursivo en el Ejecutivo que puede tener cierta explicación: Piñera buscó enviar un mensaje de respaldo a la evidente mayoría que obtuvo en las elecciones en la región –62% en segunda vuelta– y a los empresarios de la zona que, a veces, parecen estar perdiendo la paciencia.
Una alternativa a los anuncios del cambio de la Ley Antiterrorista, por ejemplo, podría haber sido el anuncio de una revisión del informe Huenchumilla, que nadie del anterior gobierno llegó a considerar.
La oposición sin control de la agenda
Un tercer punto no tiene relación directa con el gobierno, pero lo salpica: la decisión del TC de declarar inconstitucional el artículo que impide la presencia de controladores con fines de lucro.
El ministro de Educación, Gerardo Varela, y su subsecretario, Raúl Figueroa, salieron al paso intentando orientar la discusión: el lucro está prohibido por ley y punto, con eso basta. Los dirigentes estudiantiles plantean que siempre la legislación lo había prohibido, pero que se producía de igual forma. Parecen intentar la construcción de diques para que no haya posibilidad alguna de lucrar, aunque sería imposible con la sola aplicación de la ley (lo que antes ciertamente no se producía).
El senador PPD Felipe Harboe, en el marco de esta nueva tensión, condicionó la disposición de la oposición a los consensos de Piñera. “Presidente Sebastián Piñera: si quiere acuerdos, partamos por reforma al TC”, escribió en su cuenta de Twitter.
Pero la actual oposición no tiene la fuerza para imponer su agenda al Ejecutivo, aunque la decisión del tribunal incluso haya provocado la intervención de la expresidenta Michelle Bachelet, que hasta el minuto no había quebrado su silencio ni siquiera para referirse a asuntos delicados como el frustrado cierre de Punta Peuco.
El protocolo de la ley de aborto, el anuncio de los cambios a la Ley Antiterrotista y la decisión del TC sobre el lucro en la educación fueron debates que cayeron en los algodones de La Haya, aunque ciertamente la pasada haya sido la más tensa de lo que va de este gobierno. Ninguno de estos capítulos, sin embargo, parecen amenazar los acuerdos a los que Piñera aspira.
Las tensiones del oficialismo pasan, más bien, por las fuerzas que compiten dentro del propio oficialismo. Los gritos de la oposición son apenas escaramuzas. En el gobierno y en Chile Vamos las posiciones se están recién acomodando. Los anhelos del presidente pasan por los acuerdos y por esa admiración a una transición denostada, mientras que parte de su coalición –representada por la UDI de Jacqueline Van Rysselberghe– parecen tirar la cuerda hacia el programa y la fuerza de la votación: si ganamos –no por poco–, ¿por qué tanto consenso? Finalmente –y en esto parecen coincidir unos y otros– el ideal de Chile que tenía Bachelet y la Nueva Mayoría se estrelló en la última elección.
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