“El gobierno no ha cedido, en nada y ya no esperamos nada (...) Están jugando al cansancio”. Con esa frase resumió la presidenta de los Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, el resultado de la novena reunión que sostuvo ayer con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, con el objeto de alcanzar un acuerdo que acabe con el paro que ya se extiende por 39 días.
La dirigente enfatizó que han sido ellos (los funcionarios) los que han ido cediendo y que ahora esperan un gesto de la actual administración. Las cifras que distancian apuntan a que el gobierno pide ciertos requisitos para subir el bono, que los funcionarios quieren que sea de $ 1.500.000 para cada trabajador, pero sin aumentar las exigencias de atención al usuario en un 95% de buen rendimiento.
Con todo, el Ejecutivo ya no ha puesto más dinero sobre la mesa, aludiendo a la estrecha billetera fiscal que se espera para 2016 y los años siguientes.
En ese contexto el gobierno, incluso, endureció su postura explicándoles a los funcionarios en paro que se cursarán los descuentos y despidos que la Ley les permita, para lo cual la Contraloría ya está en conocimiento para llevar a cabo dicha investigación, en paralelo a la que están haciendo los fiscales a cargo de los sumarios cursados por el Registro Civil.
El propio ministro del Interior, Jorge Burgos, señaló ayer en una entrevista radial que no se descartaría aplicar la Ley de Seguridad del Estado.
Fuentes del Ejecutivo explicaron que los funcionarios han ido bajando sus pretensiones iniciales y que la idea del gobierno es acabar con esta movilización antes del fin de semana, para tener repuesto completamente el servicio a partir de este lunes.
Hoy los trabajadores decidirán en una nueva asamblea la continuidad del paro y la forma. Algunos analizan la opción de iniciar una huelga de hambre si es que no se llega a acuerdo.
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