“Más en terreno que en palacio”. Esta es la premisa que se ha trazado el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Felipe Salaberry, quien desde su oficina en la sede de gobierno se ha trasladado en las primeras cuatro semanas del ejercicio del cargo a diversas regiones del país para supervisar las inversiones que se realizan en municipios y en los mismos gobiernos regionales.
Dos grandes desafíos están en su agenda, explica quien fuera diputado en representación de la UDI: generar una mejor calidad de vida de los chilenos en la primera expresión que ellos tienen de la labor del Estado, que son los municipios locales, sus gobiernos regionales, pero con una impronta eficiencia en el gasto; y gobiernos regionales que cuenten con un sistema de información que permita a los ciudadanos tener claridad sobre el destino de los recursos.
“Hoy la ciudadanía nos reclama más transparencia y austeridad (...) Pero cuando hablamos de mejorar la calidad de vida tiene que ver con la priorización de proyectos por parte de esta subsecretaría”, destaca.
-¿Al asumir se encontró con una subsecretaría en orden?
- Uno siempre se encuentra con sorpresas, pero si uno se quedara solo en lo que encontró, no avanzaría. La elección pasada mucha gente se volcó para manifestar un cambio de énfasis en la manera de hacer las cosas y esa es la razón por la que estamos gobernando (...) Al final, nada puede ser excusa para no contribuir al desarrollo de los gobiernos locales y regionales y a mejorar la calidad de vida de las personas y acercar el Estado a la ciudadanía. Pero si miramos el vaso medio lleno y a un mes y medio de haber asumido, tenemos la casa ordenada, pero más apretada.
Salaberry sostiene que “hay una suerte de mito” acerca de los recursos que gestiona la repartición que liderará. Y, de hecho, explica que en 10 años el presupuesto se ha reducido 50% hasta unos $ 600 mil millones.
“No quiere decir que la Subdere se jibarice, sino que los procesos de descentralización de acciones gubernamentales a través de los gobiernos regionales y los municipios van acompañados de recursos. Por tanto, hemos ido transfiriendo vía presupuesto recursos de manera directa a los gobiernos regionales”.
De los dineros actuales, que aclara no son de libre disponibilidad, precisa que la mayoría están definidos en programas concretos, como el de zonas extremas, que para este año bordea los $ 90 mil millones para la ejecución de obras ya definidas desde 2014 en cuatro regiones.
Salaberry añade que también existen dos programas importantes en que la subsecretaría debe complementar la labor de los municipios: mejoramiento urbano y mejoramiento de barrios.
Lo que sí, destaca, “siempre se les transmite a los alcaldes que la entrega de estos recursos nunca debe ser ni será la entrega de un cheque en blanco. Nos hemos encontrado con situaciones en que les solicitamos a los alcaldes que sus procesos de rendición de sus recursos deben ser más rápidos”.
-¿Hay algún área que debe ser priorizada o que no estaba funcionando bien?
- En el caso de los municipios, la decisión es que nosotros vamos a priorizar el financiamiento de los proyectos relacionados con la seguridad de las personas, pero no en la lógica de lo que hace la subsecretaría de Prevención del Delito de seguridad ciudadana, cámaras o alarmas; sino que en el complemento de esa seguridad que tiene que ver con espacios públicos, con más calidad de vida. Veredas bien construidas, la recuperación de espacios públicos, de sitios eriazos, plazas de bolsillo en regiones, son todos espacios que se recuperan a la droga y al alcoholismo. También el alumbrado público, sistemas de electrificación en lugares rurales, calles bien iluminadas, entre otros.
Hacia un sistema único de información
- ¿En qué etapa se encuentra el traspaso de competencias a los gobiernos regionales pensando en la elección directa de gobernadores en octubre 2020?
- Aquí hay una gran oportunidad en dos vías: que las nuevas divisiones que los gobiernos regionales van a tener sea con una mirada de futuro, no sólo de administrar los recursos que reciben sino que generar propuestas y proyectos.
De hecho, hay una división de fomento e innovación, otra división que se instaura desde el próximo año de productividad y turismo.
Es decir, los gobiernos regionales van a comenzar a gestionar los recursos que reciben y, en esa misma línea, nuestro presupuesto contempla ciertas provisiones para algunas áreas. La idea es que éstas vayan disminuyendo y sean traspasadas a los gobiernos regionales y nosotros solo velar por el estricto cumplimiento de los gastos en que se incurren.
- ¿El plan de austeridad fiscal también incluirá a los municipios en cuanto a reducir algo la entrega de recursos?
- El llamado del Presidente tiene que ver con la gestión del gobierno, pero no podemos obligar a organismos autónomos como los municipios a hacerlo.
Ahora, frente a una situación de déficit fiscal, que es conocida por los municipios y las autoridades, uno puede pensar que esto es parte del ejemplo de como el gobierno entrega a los alcaldes el llamado a cuidar nuestros recursos y a los municipios les pedimos que sean bien utilizados; y nuestro ojo estará en aquello.
Lo que nunca nos puede pasar es que tanto desde el gobierno como de los municipios se suponga un ajuste, un apretarse el cinturón, que disminuya los beneficios a los chilenos.
- ¿Hay alguna instrucción para los alcaldes destinada a mayor probidad en el uso de los recursos?
- Hoy los municipios tienen tres vías de transparencia donde deben rendir el gasto. Una, es a la Subdere con lo que se les entrega y uno mira en forma permanente que las rendiciones se ajusten, de lo contrario cesa la entrega de dinero, pero en general son bastante responsables. Otra es la mirada que tiene la Contraloría en el correcto uso de los recursos que reciben y otro es el Consejo para la Transparencia.
El gran desafío desde el punto de vista de la gestión del uso de los recursos que el Presidente nos ha encomendado es tener un sistema único de información de la manera en que gastan los recursos los gobiernos locales y regionales, que en el fondo estos tres sistemas -al término de estos primeros cuatro años- sea en una plataforma única, que los ciudadanos puedan ver desde su celular en qué se gastó hasta el último peso.
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