Tras los anuncios del gobierno en materia migratoria, que incluyeron la exigencia de una visa consular para los haitianos y un plan de regularización extraordinaria con un plazo máximo de 90 días, las reacciones de las organizaciones pro migrantes no se hicieron esperar. En un acto realizado ayer en el Paseo Bulnes, frente al Palacio de La Moneda, los voceros expresaron públicamente su “preocupación profunda”, por el contenido, la forma y sobre todo los tiempos de los cambios en la normativa migratoria, especialmente en seis aspectos relacionados con la expulsión, el otorgamiento de visas y la garantía de derechos a los extranjeros establecidos en Chile.
Estos puntos son la eliminación de la visa por motivos laborales, la imposición de visas consulares, la prohibición de realizar cambios al estatus migratorio estando en el territorio nacional, las expulsiones o reconducciones inmediatas a quienes no cumplan con la ley, que las visas humanitarias estén supeditadas a una nacionalidad en particular (haitiana) y que el acceso a la seguridad social y los beneficios de cargo fiscal solo se puedan ejercer luego de dos años de residencia en el país.
“Rechazamos profundamente la mirada utilitarista y economicista que manifiesta el Estado en relación a la migración. Enfatizamos que la migración es una cuestión de derechos humanos y no un fenómeno que se controla de acuerdo a las necesidades o intereses de un Estado”, manifestaron en una declaración conjunta firmada por el Servicio Jesuita a Migrantes, el Movimiento de Acción Migrante, la Fundación Superación de la Pobreza y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, entre otros.
Dudas en primera persona
Eduardo Cardoza, vocero del Movimiento Acción Migrante, se mostró en contra de los cambios en el sistema de visado argumentando que generará mucha más irregularidad, como ocurrió en Estados Unidos cuando restringió el acceso a las visas en la década del 60 y que ahora enfrenta más de 12 millones de personas en condición irregular.
“Esto se decretó y el plazo es demasiado corto, pero tal vez obtenga un resultado transitorio. Pero cuando se vea a mediano plazo, en un año o dos, esto va a traer muchos más problemas que beneficios para Chile y es lo que no queremos porque nosotros vivimos acá”, resaltó Cardoza.
Para el embajador juvenil de Haití en Chile, Wadner Maigan -más allá de lo apresurado de la exigencia de visa consular-, el problema es la diferencia que hace entre su nación y otro origen. “La visa de turista que nos darán será por solo 30 días y los otros países pueden optar a un máximo de 90 días. ¿Por qué ocurre eso?”, planteó.
Karen Pérez, vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, resaltó su inquietud por la falta de enfoque de derecho en las medidas adoptadas por el Ejecutivo, calificando el proyecto como “totalmente restrictivo”. Agregó que la iniciativa “ahonda en el perjuicio a los y las trabajadoras migrantes en contra de los tratados de derechos humanos de los trabajadores de la OIT, que ha firmado Chile históricamente”.
Próxima parada: el Congreso
Tomando en cuenta los reparos, los voceros de varias de las organizaciones manifestaron que el próximo paso será hacer notar las deficiencias a los parlamentarios, para que las tengan en cuenta en el debate del proyecto que se retomará -luego de una pausa de cuatro años- el próximo martes en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados.
De hecho, los congresistas de dicha instancia acordaron iniciar el debate la próxima semana para lo cual invitarán al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario del ramo, Rodrigo Ubilla.
Asimismo, recibirán hasta las 12:00 horas del lunes las propuestas de invitados y también los requerimientos de las organizaciones que quieran ser parte del debate y de ahí seleccionar los que asistirán, según declaró la presidenta de la comisión, diputada (PS) Daniella Cicardini.
“Vamos a conversar con los parlamentarios. Tenemos la esperanza de que el Congreso pueda modificar algunas cosas, aunque nos preocupa que los decretos que ya se establecieron no se pueden tocar”, dijo Cardoza.
La apertura al diálogo de los parlamentarios contrastó con la medida del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) de disolver el Consejo Consultivo Nacional deMigraciones, pese a que su nueva directiva había sido elegida solo unas semanas atrás.
A través de una carta, el DEM agradeció a los miembros el trabajo realizado y les informó que se creará un nuevo consejo que tendrá una convocatoria abierta y dependerá de la Subsecretaría del Interior.
Piñera dice que se fortalecerá frontera norte y Chadwick niega discriminación
"Conversemos sobre migración" se llamó la transmisión vía Facebook live en la cual el presidente Sebastián Piñera, defendió los cambios a la ley de migraciones presentadas esta semana.
El mandatario dedicó trece minutos a responder dudas relativas a los cambios propuestos tanto en la indicación sustitutiva al proyecto de ley como en el instructivo presidencial.
En la oportunidad, anunció que se fortalecerá la frontera norte, ya que "por ahí ingresa muchas personas en forma ilegal". "Las personas con antecedentes penales o delitos en sus países no podrán ingresar. No podemos permitir que sigan ingresando a Chile personas que dicen ser turistas y no lo son, y muchas veces son explotados por bandas de tratas de personas que los traen a Chile y luego los abandonan", explicó.
Asimismo, manifestó que el país puede tener una política proactiva en materia de migración, por lo cual se estableció una promoción especial para que vengan a Chile personas con alto nivel de capacitación, lo cual ejemplificó con el déficit de médicos especialistas y generales que tiene el país que supera los siete mil profesionales.
"No vamos a poder formar esos médicos en Chile con la rapidez que queremos, pero sí podemos traer buenos médicos, que hayan egresado de buenas universidades, que vengan a mejorar la calidad de la salud", sostuvo el mandatario.
El Presidente aseguró que Chile va a seguir siendo un país abierto y acogedor "con los migrantes que cumplen con nuestra ley y que vienen a aportar, pero no vamos a ser ingenuos y vamos a cerrar las puertas a todos aquellos que solo vienen a incumplir nuestras leyes o a causarle daño a nuestros compatriotas".
En tanto, el ministro del Interior Andrés Chadwick, negó que la solicitud de las visas consular que se comenzarán a exigir a los haitianos sea una medida discriminatoria. "Creo que es una equivocación el pensar que aquí hay un trato discriminatorio", dijo la autoridad.
Explicó que, por el contrario, se busca proteger a todos los haitianos para que no sean traídos bajo engaños, estafas o, incluso, con posibilidad de tráfico de personas en el ámbito laboral "para que puedan venir en condiciones que sean realmente acorde a su dignidad como persona".
Agregó que también se busca proteger al país de personas que vienen como turistas sabiendo que no es así, y que no entregan sus antecedentes y su situaciones personales en el ámbito penal. "Para eso se establecen las visas", aseguró.
Nuevo Servicio Nacional de Migraciones costará $ 2.300 millones en régimen
Por Denisse Vásquez H.
Tal como adelantó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el proyecto de ley de migraciones tendrá un costo en régimen de $ 2.415 millones, equivalentes a unos US$ 4 millones.
De ese total, $ 2.300 millones responderán al futuro Servicio Nacional de Migraciones, cuyo mayor desembolso (97%) irá a gasto en personal, con $ 2.219 millones en régimen, como detalló el informe financiero sustitutivo del proyecto.
En el texto se aclara, eso sí, que el gasto en personal asociado a este nuevo servicio contempla 528 funcionarios, de los cuales 477 corresponden a personas que trabajan actualmente en el gobierno en distintas reparticiones, incluyendo a la Subsecretaría del Interior, Servicio de Gobierno Interior, el Programa de Atención al Migrante y el Departamento de Extranjería y Migración.
El monto restante considera los recursos necesarios para el funcionamiento de las oficinas regionales y provinciales del nuevo servicio, cuya implementación se completará al tercer año.
Adicionalmente, cita el documento, se gererarán mayores gastos fiscales por $ 115 millones en régimen, destinado a la adecuación tecnológica del registro de chilenos en el exterior y gasto en innuebles para la Polícia de Investigaciones (PDI).
Gasto fiscal actual
Al analizar el efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal, el documento elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), estimó el gasto fiscal anual asociado a la cantidad de inmigrantes que tiene el país asciende a $ 154.358 millones, equivalentes a US$ 256 millones.
Ese total asume un gasto de $ 12.874 millones por concepto de institucionalidad, que incluye las remuneraciones, operación y funcionamiento de personal que realiza labores directamente asociadas a migrantes en instituciones dependientes del gobierno.
En tanto, $ 68.882 millones corresponden a gasto en salud de los extranjeros, de acuerdo al aporte per cápita base en atención primaria, mientras que los restantes $ 72.601 millones consideran el gasto en educación, que a su vez incluye el gasto asociado con la subvención escolar, de mantenimiento y aporte por gratuidad para un universo de 71.645 niños, niñas y adolescentes matriculados en 2017 en el sistema de atención primaria.
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