Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que eliminó las facultades normativas y matizó las sancionatorias del proyecto que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el director del organismo, Ernesto Muñoz, aseguró que el pronunciamiento debe ser acatado, a la vez que manifestó su profunda decepción por la determinación.
"Estimo que el efecto de este fallo es potencialmente catastrófico y una pésima noticia ya que debilita de manera importante un proyecto cuyo principal objetivo era equilibrar la cancha entre empresas y consumidores", aseguró el directivo.
La autoridad agregó que "como organismo técnico no podemos dejar de señalar que al privar al Sernac de estas facultades, los incentivos para que las empresas cumplan con la ley, sufre un importante revés, ya que les seguirá costando menos infringir la ley, que cumplirla".
Hemos visto que "la incapacidad sancionatoria del Sernac es uno de los factores relevantes que facilita la reiteración de malas prácticas en los diversos mercados. Una prueba de ello, es el aumento de los reclamos, los que, por ejemplo, en 2017 registraron un alza del 27% respecto de 2016. Además, el 90% de los consumidores que llegan al SERNAC, ya vienen con una respuesta negativa de la empresa", dijo a través de un comunicado.
El directivo explicó que "el efecto más grave de este fallo, es que además de las facultades nuevas, se pone en entredicho la actual atribución de recibir reclamos de los consumidores y transmitirlos a los proveedores para encontrar una solución voluntaria, función básica del servicio hoy. Además el Sernac tampoco podrá realizar conciliaciones entre proveedores y consumidores, herramienta que tenía como objetivo, llegar a soluciones rápidas y efectivas sin tener que acudir a los tribunales de justicia".
Desde una perspectiva práctica, la decisión de eliminar la facultad sancionatoria se traduce en que se obliga a los consumidores a seguir acudiendo a los Juzgados de Policía Local, invirtiendo tiempo y dinero (una notificación puede costar cerca de $ 40.000) en un escenario que, siempre será más cómodo para las empresas, quienes, por regla general, cuentan con asesoría legal para su defensa particular, explicó el director de la entidad.
"Esto, representa un claro desincentivo para que los consumidores ejerzan sus derechos", aseguró el servicio.
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