Gran actividad ha tenido por estos días la oficina del subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, en La Moneda. Allí se han llevado a cabo todas las reuniones de monitoreo del paro del Registro Civil que ayer cumplió su día 30. Junto al jefe de la cartera, Jorge Burgos, a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y al director del Registro Civil, Luis Acevedo, se ha analizado la postura de los funcionarios movilizados, pero -por sobre todo- cómo hacer que el servicio pueda seguir siendo prestado con la mayor normalidad posible en todo el país.
Este esfuerzo se ha incrementado debido a que las negociaciones para destrabar el paro se encuentran en punto muerto. Ello, pues a la gran diferencia económica que existe (trabajadores piden un aumento que considera un desembolso de $ 3 mil millones al año, contra la mitad de esa cifra que ofrece el gobierno), se sumó también otra solicitud: borrar los sumarios administrativos que ya están en curso en la Contraloría.
Esta demanda, explican desde el Ejecutivo, es imposible de cumplir, pues no se "puede echar pie atrás" a un oficio que solicitó la Contraloría, quizás antes sí pero no ahora, explica una fuente gubernamental.
Estas peticiones intransables para los trabajadores mantienen en una compleja situación la posibilidad de llegar a un pronto acuerdo. Desde el gobierno ayer se dieron algunas señales que dificultan avizorar alguna nueva oferta. Así, el ministro del Interior, Jorge Burgos, en una entrevista radial señaló que "los gobiernos no están para decirle a todo que sí, si fuera tan fácil, sería fácil gobernar. A veces hay que decir que no incluso a cosas muy legítimas".
El jefe del gabinete cerró aún más la puerta al agregar que "si uno abre la billetera sin saber los riesgos que ello implica se termina con déficit. Sé que es duro, pero también debe haber entendimiento que no es llegar y decir a todo que sí, cuando se hace eso, lo hemos pagado muy caro". Burgos también aclaró que no existía ningún compromiso firmado como aluden los funcionarios, argumentando que "los ministros sectoriales no pueden firmar compromiso de entrega de dineros sin Hacienda, Así funciona esta cuestión".
A estas palabras se sumaron las emitidas temprano por uno de los protagonistas ausentes a juicio de los trabajadores: el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien calificó como "inconstitucional el paro". Además, deslizó una crítica de fondo a cómo se están llevando a cabo este tipo de negociaciones en el sector público: "Tenemos un sistema que no está funcionando bien. Hay paros y negociaciones sucesivas", apuntó.
Por ahora, el ministro Valdés se ha mantenido al margen de las negociaciones, situación que continuará estos días, luego que emprenda viaje rumbo a Estados Unidos.
Llamado a la normalidad
Como un intento de no escalar más el conflicto desde el punto de vista mediático, ayer en La Moneda no hubo vocerías oficiales ni del portavoz, Marcelo Díaz, ni de la ministra de Justicia Javiera Blanco. Ésta última, luego de participar en la reunión efectuada a mediodía en Interior a fin de evaluar el estado del servicio a lo largo del país, como así también de las consecuencias del paro de la ANEF, salió sin hacer declaraciones.
Quien sí emitió un balance fue el director del Registro, Luis Acevedo, quien centró sus dichos en una interpelación a los trabajadores para que vuelvan a sus puestos de trabajo. La estrategia -afirman desde el gobierno- apunta a debilitar la adhesión de la movilización, en vista que el arribo de un posible acuerdo-hasta ahora- no existe. "Hago un llamado a los funcionarios del Registro Civil a que concurran mañana (hoy) a trabajar, que nos ayuden en esta tarea de seguir brindando un servicio que es esencial para la ciudadanía", expresó el jefe de la repartición pública.
Por su parte, la presidenta de los funcionarios, Nelly Díaz, quien calificó de "indecente" la propuesta del gobierno, emplazando, también, duramente a la titular de Justicia: "La ministra se tiene que hacer responsable de este conflicto, ella ha estado escondida todo el conflicto, y nosotros le estamos diciendo siéntese a conversar en forma oficial", además de tildar de "cobarde" al anterior ministro José Antonio Gómez.
PARO DE LA ANEF DEJÓ BALANCES contrapuestos
El gobierno monitoreó durante toda la jornada los alcances del paro de la ANEF y, en horas de la noche, concluyó que su adhesión a nivel regional sólo tuvo un 19% en las distintas reparticiones públicas. Ello, para La Moneda, significó una importante muestra de que las demandas del Registro Civil no han calado en los demás funcionarios, según comentaron desde el gobierno.
La visión entregada por la asociación sindical fue completamente distinta. Sin entregar cifras, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, calificó la movilización como un "éxito" a lo largo de todo el país y la adhesión los dejó "muy satisfechos", recordando que este no es un paro que involucre a todos los funcionarios sino uno de solidaridad con un servicio público, recalcando que el apoyo de la agrupación continuará.
"Hay adhesión y nosotros estamos disponibles a continuar abriendo canales. Sin duda, seguiremos apoyando al Registro Civil en sus movilizaciones. Ahora, lo que corresponde es encontrar la propuesta y la solución al conflicto", expresó De la Puente.
Para el dirigente sindical, la radicalización de la posición de los trabajadores del servicio en paro no afectará el ambiente en el marco de la propuesta para el reajuste de los salarios del sector público que se entregará hoy al gobierno. "Queremos que esta negociación sea lo más productiva posible, vamos con la mejor voluntad de buscar un acuerdo y, por lo tanto, esperamos que el gobierno esté dentro de ese ánimo", dijo, al tiempo que tildó las últimas reacciones del gobierno y del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés -respecto al despido del presidente de BancoEstado luego del polémico bono de término de conflicto y lo que está pasando ahora los trabajadores del registro civil- como "parte de un clima negativo".
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