El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha endurecido la mano en su fiscalización de los delitos tributarios. Si en su momento fueron las boletas falsas para financiamiento de la política y la mismas kermeses, ahora el foco está en las compañías del sector minero y la manera en que pagan impuestos a través de los denominados precios de transferencia.
Dicho mecanismo sirve para que dos o varias empresas intercambien bienes o servicios a precios determinados. Asimismo, críticos de la norma señalan que es una vía más para elusión tributaria, ya que en ocasiones determinadas operaciones entre filiales (o sea, entre partes relacionadas) se realizan por debajo del precio del mercado, por ejemplo en el cobre, para luego ser revendidas a un tercero para obtener una ganancia con una menor carga tributaria.
Según un reportaje de Bloomberg, el mes pasado el SII ofició a varias empresas del sector minero para requerir mayores antecedentes sobre sus exportaciones de cobre y otros metales, con la mira en determinar si han realizado operaciones hacia el extranjero a precios por debajo del mercado.
Consultado por DF, en el organismo liderado por Fernando Barraza señalaron que sus procesos de fiscalización son "reservados".
A partir de 2012, la regulación de los precios de transferencia se endureció. Así, los contribuyentes -en junio de cada año- deberán presentar al SII una declaración jurada informando el precio al cual transfirieron sus bienes a filiales o empresas relacionadas, incluyendo estudios técnicos que sustenten los valores en cuestión.
De esta manera, el fiscalizador puede rechazar la declaración, desafiando los precios declarados por los contribuyentes sometiéndolos a multas por impuestos recalculados que podrían, incluso, ascender al 35% del monto no pagado.
Expertos tributarios citados por Bloomberg anticipan una "ola" de sanciones de parte del SII a compañías que infrinjan la normativa.
"Hay una posibilidad de que las compañías hayan subestimado qué tan pronto el SII comenzaría a ser activo en esta materia", señala el socio del estudio Salcedo & Cía y ex funcionario del SII, Claudio Salcedo.
Marcelo Muñoz, del mismo estudio tributario, señala que Impuestos Internos ha "redoblado" sus esfuerzos en "penetrar" en la lógica con la cual las empresas fijan los precios de transferencia para detectar eventuales prácticas elusivas.
Mientras que el socio de Deloitte, Alejandro Paredes, señaló a Bloomberg que desde la creación de la legislación para regular los precios de transferencia "ningún país" ha tenido un cambio "tan grande" como el que se va a experimentar en Chile.
En esta línea, Paredes afirmó que el SII será "más activo" en la fiscalización de las declaraciones de los contribuyentes del sector minero, solicitando -incluso- los informes que las empresas envían a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). "Eso ya viene, estoy seguro de ello", comentó el experto a Bloomberg.
Los casos Codelco y Polpaico
Durante este año, el organismo ha puesta la lupa en la situación de dos empresas en particular: Codelco y Cementos Polpaico.
Según el artículo de Bloomberg, la cuprifera estatal acordó pagar US$ 150 millones en impuestos atrasados al SII relacionados a diferencias detectadas en precios de transferencia en transacciones de largo plazo con la china Minmetals, que a su vez es socia de la estatal en un proyecto.
Según Bloomberg, esto sienta un "precedente" para futuras fiscalizaciones a precios de transferencia.
Por otra parte, señala la agencia de noticias, Polpaico informó el 2 de septiembre que el SII les notificó de cobros por US$ 15 millones debido a discrepancias en la aplicación de precios de transferencia durante los años tributarios 2012 y 2013. La compañía anunció que apelará ante los tribunales tributarios y aduaneros.
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