Menos de dos días se tomó el Tribunal Constitucional (TC) en responder el recurso de consideranción ingresado por el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, ante el fallo adverso que recibió el proyecto de ley para modernizar el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que limitó sus facultades sancionatorias y eliminó las normativas.
El pleno del Tribunal rechazó ayer el recurso, indicando que “no existe error de hecho que subsanar”, por lo que declaró “no ha lugar” la presentación. El texto acusaba la existencia de “discordancias” entre las disposiciones que se declaran inconstitucionales en la parte considerativa de la sentencia y “aquello que se declara inconstitucional en la parte resolutiva”, lo que fue desestimado por los ministros del Tribunal.
La premura de la resolución se debe a que el TC no tiene plenos en febrero y, de no emitirse ayer, la respuesta habría quedado para marzo.
De acuerdo al abogado Jaime Lorenzini, socio de Lorenzini Consultores, aunque habría sido deseable que el propio TC dilucidara algunos pasajes puntuales del fallo, no altera el sentido de declarar inconstitucional partes medulares del proyecto. “Incluso manteniéndose las posibles incongruencias específicas, ello no altera el fondo de lo resuelto”, expuso el abogado.
¿Nuevo proyecto?
Para Lorenzini, el debate en torno a la protección de los consumidores está lejos de acabar con la promulgación de la nueva ley, y subraya que es necesario una discusión más profunda en la materia, más allá de una solución parche que podría significar una ley corta.
“Dada la importancia del tema, es indispensable un análisis de fondo y bien meditado, respecto a cuáles son las herramientas más efectivas a considerar en un diseño de política pública en esta materia. Ello no se logrará con una ley corta”, asegura Lorenzini.
El experto pone énfasis en la necesidad de evaluar la efectividad de las políticas públicas para la protección del consumidor, algo que debería ser prioridad para el próximo ministro de Economía, José Ramón Valente, entregando una mirada de mediano y largo plazo desde la cartera.
“Los énfasis en la utilización de otras herramientas para asegurar el cumplimiento de la ley (como la persuasión moral) deben venir potenciados desde los lineamientos que entregue el Ministerio de Economía”, sostiene.
Y plantea que este análisis es necesario antes de pensar en un nuevo proyecto de ley.
“Resulta inevitable recolectar evidencia sobre el resultado que ha tenido la regulación de protección al consumidor en Chile antes de plantear nuevos cambios en la ley”, sentencia.
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