No resulta particularmente novedoso que se haya tomado la decisión de remover al senador Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución del Senado, pues hace un tiempo se notaba la incomodidad de gran parte de la oposición y de su propio comité por sus decisiones políticas.
El jefe del Comité del Socialismo Democrático y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, senador Juan Luis Castro, conversó con Diario Financiero y despejó las dudas que pudieran existir respecto a la salida del senador Araya de la citada comisión.
Pero también abordó los recortes en salud, en el marco de la discusión en las subcomisiones mixtas de Presupuestos, especialmente de la conocida Ley Ricarte Soto, pues según advierte la decisión del Ejecutivo en esta materia afectará a 85.000 pacientes de Fonasa, Isapres, particulares y de las Fuerzas Armadas.
-Senador, el comité del Socialismo Democrático que usted encabeza pidió la remoción del senador Pedro Araya de la Comisión de Constitución, ¿es efectivo?
-Claro, se reemplazó la pertenencia a la Comisión de Constitución por el senador Vlado Mirosevic. O sea, es un recambio al interior del mismo comité del Socialismo Democrático.
-¿Por qué se toma esta decisión?
-Esto no tiene nada que ver con otros partidos políticos, con otros sectores, porque los cargos que se ocupan, cuando una persona está en un comité o bancada son cargos que representan al conjunto de esa bancada. En este caso, después de un largo análisis y de haber comunicado al PPD, a través de su coordinador de bancada, a través incluso de su presidente, semanas atrás, por las graves preocupaciones que nos asistían de la línea política que estaba tomando este senador. Bueno, agotamos todas las posibilidades; finalmente no hubo alternativa más que hacer este recambio, porque las personas cuando están en un comité no se representan solas, representan a quienes las ubicaron, las colocaron voluntariamente en los lugares que están.
-¿Esto tiene algún efecto práctico para el senador Araya?
-No le quita ninguna prerrogativa. Cada senador, cada uno, puede seguir haciendo lo que estime. Pero los comités son asociaciones voluntarias, no son obligatorias; y, por lo tanto, se rigen bajo normas colectivas también para este efecto.
-O sea que la posibilidad del cambio se venía gestando hace rato?
-La incomodidad venía acumulativamente ya desde hace, yo le diría varias semanas, francamente.
-Entonces, ¿qué gatilló que se tomara la decisión?
-Que en la agenda de seguridad, la mayoría que tiene la oposición no se estaba ejerciendo, justamente porque este senador tomó acuerdos individuales con el gobierno, acuerdos que él no comentó ni dijo a nadie de su comité, los emprendió por sí solo; y, obviamente, en ese plano ya dejó a la oposición en una postura muy disminuida, porque perdió la mayoría y, además, él dejó de representar justamente a su comité de referencia.
-Con eso la oposición recupera la mayoría en la comisión, pero no así en la Sala, ¿qué sentido tiene?
-Mire, estas son decisiones que toma cada comité. Yo no sé por qué tanto ruido, tanto escándalo. Se hace demasiado aspaviento de un cambio dentro de la integración de un mismo comité, de los mismos integrantes, que se cambia uno por otro. Lo demás sigue igual, así que no hay problema en eso. Y no sé por qué tiene que haber más efectos colaterales de una decisión soberana, como se ha hecho tantas veces. Recuerde usted que hace años atrás, en el mismo PPD, el jefe del comité de la época era Guido Girardi y sacó de la Comisión de Constitución a Felipe Harboe y puso a Pedro Araya. Mire usted, la misma historia al revés. Y nada ocurrió, nada pasó. Y esto es parte de una realidad que puede suceder perfectamente en cualquier bancada o comité del Senado.
-Eso también fue bien bullado, senador.
-Eso es otra cosa.
Ley Ricarte Soto: “Es una ley más universal que la Ley del Auge”
-Uno de los recortes en Salud afecta a la llamada Ley Ricarte Soto, ¿lo analizaron en la subcomisión mixta y a qué llegaron?
-En el día de ayer (lunes), que se entregó la línea general del Ministerio de Salud, se analizó. Todavía faltan algunos programas y partidas que se van a concluir este martes. Y nosotros hicimos ver nuestro punto respecto de que la Ley Ricarte Soto sufre por primera vez un retroceso de $ 28 mil millones menos que el año pasado. Y esto marca una diferencia sustancial, porque son 27 enfermedades y 85.000 pacientes que están ahí, niños y adultos, que están, francamente, indignados porque se les van a recortar a ellos la entrega, los medicamentos y los dispositivos que usan. O sea, esto no es un simple recorte administrativo o de papel que no tenga efecto.
-¿Qué viene en adelante, entonces?
-De no mediar un cambio, cosa que hoy día (martes) se sabrá, por parte del ministerio, vamos a pedir la votación separada de la partida Ricarte Soto, para dar una señal de crítica y de rechazo para que se mejore esta partida en el resto de la tramitación del presupuesto, porque es muy esencial y jamás, en los 10 años que lleva esta ley vigente, se había visto tal nivel de vuelta atrás en todo lo que implica el beneficio de una ley tan significativa para la población.
-¿Qué explicación ha dado el gobierno para la rebaja?
-No, no da una explicación plausible. Hasta el momento sólo se ha dicho que es algo de un tecnicismo, de que esto no tiene afectación, pero los argumentos todavía no están exhibidos. No los hemos escuchado, a lo mejor hoy día martes se van a plantear; pero, en la práctica, es muy inverosímil que haya tal nivel de recorte a una ley tan sensible que es universal, además, porque incluye a gente de Fonasa e Isapres, particulares, incluso Fuerzas Armadas. Es una ley más universal que la Ley del Auge. Entonces, es muy contradictorio que en su discurso, el gobierno diga que no se va a mover nada que perjudique los derechos sociales, en salud, educación y, sin embargo, aquí tenemos una enorme letra chica que le da una estocada bajo la línea de flotación a una ley tan emblemática como esta.
-Los parlamentarios no tiene mucho margen más que rechazar, entonces ¿qué más podrían hacer si el gobierno no cede?
-Siempre ha sido así. Lo que pasa es que los mecanismos de rechazo y votación separada son para ejercer la legítima presión al gobierno para que mejore ese ítem y lo deje acorde a las necesidades que realmente existen. De eso se trata. Y eso ha ocurrido siempre y las negociaciones se tienen que abrir, espero yo, si es que hay voluntad del gobierno.
-¿Y ha visto voluntad en la ministra de la cartera para corregir esto?
-Hasta ahora no. Lo que no quiere decir que no la puede haber, pero hasta ahora no la he visto.