La filtración del audio de la Cancillería en el que se menciona al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, a raíz de sus dichos sobre el proyecto minero portuario Dominga y el senador del PPD Jaime Quintana, entre otros, llegó al Congreso, donde la oposición manifestó su molestia y anunció medidas a tomar debido a las consecuencias que pueda implicar para las relaciones entre Chile y el país vecino, donde actualmente se encuentra el presidente Gabriel Boric, en el marco de la reunión de la Celac.
En este sentido el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado de la UDI Cristian Labbé, expresó su molestia por lo que calificó como una nueva “desprolijidad” del Gobierno. "Durante menos de once meses ya llevan más de 20 chascarros con respecto a las relaciones exteriores”, dijo el legislador gremialista en un punto de prensa que dio, acompañado por el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper.
Por lo mismo, Labbé anunció que como Chile Vamos solicitarán que se cite a la ministra de la cartera, Antonia Urrejola, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara “para que dé explicaciones de cómo un audio, con ese calibre, con la importancia de la información que hay se filtre”.
Labbé enfatizó que “no estamos hablando de cahuines de pasillo, estamos hablando de seguridad nacional con un país vecino”.
Mientras que el también aludido en el audio filtrado, senador Jaime Quintana (PPD), reaccionó en primera instancia a través de su cuenta de Twitter, señalando, entre otras cosas, que la “filtración de audio privado de la ministra Urrejola, reunida con su equipo, es un bochorno para la política exterior de Chile”.
Junto con sumarse a la solicitud de citar a la canciller a la Comisión de RREE, las diputadas de RN Sofía Cid, Ximena Ossandón y Catalina del Real informaron que enviaron un oficio a la canciller en el que le solicitan "la realización de un sumario" para esclarecer y exigir las responsabilidades que resultaren procedentes por la filtración del registro de conversaciones de una reunión privada; además de “adoptar las providencias necesarias para prevenir estas conductas y la develación de información o actuaciones sensibles del Estado”.
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