La Comisión de Constitución de la Cámara Alta, encabezada por el senador Matías Walker, retomó este martes la tramitación de la reforma de infraestructura crítica que incluye el resguardo de las fronteras por parte de las Fuerzas Armadas y que la semana pasada no se pudo comenzar a votar debido a ciertas dudas que algunos parlamentarios expresaron acerca del alcance del decreto que permitirá al Presidente de la República recurrir a las FFAA en caso de peligro grave o inminente de estructuras contenidas en esta definición.
A la jornada de hoy martes, el Gobierno representado por las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de Defensa, Maya Fernández, llegó con una nueva propuesta que limita los alcances de los contenidos del decreto con el fin de aplacar las dudas expresadas sobre el tema en la sesión anterior y votar en general y particular, puesto que la iniciativa tiene una urgencia de discusión inmediata (seis días en cada cámara) y, tal como señaló Tohá en la comisión, el Ejecutivo espera que este proyecto sea despachado a ley antes del receso legislativo de febrero.
Atendiendo a la urgencia de la medida, que incluye el resguardo de las fronteras –lo que la hace particularmente deseable para los senadores del norte del país debido a la “descontrolada” inmigración que existe en la zona- se votó y aprobó tanto la idea de legislar como en particular, siendo despachado a la Sala.
Este resultado de la votación lo facilitó el hecho de que el Ejecutivo ingresara una modificación a la indicación original que limita el contenido del decreto a que en él se establezca que en las fronteras, las FFAA solo podrán hacer control de identidad, registrar y detener a quienes amerite, en colaboración con la Policía de Investigaciones. Y, adicionalmente, la ley que regirá este mecanismo tendrá un plazo máximo de seis meses para ser dictada.
Durante el debate particular se abordó el tema relativo a la regla del uso de la fuerza, en el contexto de que la aplicación de esta medida no debiera afectar los derechos consagrados en la Constitución, para que el uso de la fuerza no sea desmedido. Para ello se incluye en la reforma el principio de “proporcionalidad” en el uso de la fuerza en el cumplimiento del deber.
Asimismo se aprobó que este instrumento se deberá aplicar por un plazo máximo de 90 días, sin perjuicio de que podrá prorrogarse por periodos iguales con la autorización del Congreso, mientras persista el peligro grave o inminente que haya dado origen a la aplicación del mecanismo.
Tras la votación en la comisión la ministra Tohá dijo "es importante que las Fuerzas Armadas puedan prestar colaboración" en el marco de un estado de derecho, como el que existe en Chile.
Por acuerdo de comités este proyecto se votará mañana miércoles en primer lugar de la tabla en la Sala.
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