Por Claudia Rivas A.
Inquietud generó en la oposición la decisión del Ejecutivo de retirar 405 decretos que afectan a distintas áreas, debido a que algunos de ellos podrían afectar la implementación, según lo indicó hoy día el presidente del Senado, Carlos Montes.
Si bien el gobierno tiene facultad para hacerlo, admitió Montes, "lo importante es que hay mucha preocupación sobre qué se piensa hacer con la reformulación de estos decretos y los tiempos que se van perdiendo". En el caso de la Ley de Educación Superior, por ejemplo, se explayó Montes, "las dos leyes requieren 10 decretos" y en ellos "se puede intentar modificar los objetivos y el contenido de las leyes".
Respecto al proyecto que tiene que ver con "el aporte a las ciudades de quienes construyen en altura", Montes dijo que fue retirado el decreto de transporte y advirtió que "si no sale, no se puede avanzar en la implementación de una ley tan importante".
De ahí que ante la preocupación de algunos senadores, es que "yo envié un oficio a la Contraloría solicitando la nómina de todos los decretos y actos administrativos que habían sido retirados" para saber qué ocurre. Y subrayó que él comparte la preocupación de que "esto no trabe el avance de la implementación de ciertas leyes" y también admitió que "obviamente aquí puede haber cierta intencionalidad, en el sentido de modificar el contenido de las leyes", aunque dijo que en la oposición esperan que no sea así.
Bastante más duro que su predecesor, el presidente del PS, senador Álvaro Elizalde, advirtió que esta decisión es parte de lo que se ha dado en llamar "motosierra administrativa", ya que "pretende burlar el cumplimiento de las leyes a través de actos administrativos y evadiendo el debate de cara a la ciudadanía en el Congreso Nacional".
En este caso en particular instó al gobierno a actuar con transparencia y que para ello se dé a conocer el detalle de los decretos retirados y el fundamento de la medida en cada uno de los casos. Además, exigió que si se modifica el texto de alguno de los secretos se especifique las razones que motivaron los cambios.
La presidenta de la Comisión de Educación, Yasna Provoste (DC), por su parte, expresó su inquietud por "el sentido y el alcance que tienen muchos de estos decretos que se habían enviado y que el Ejecutivo decidió retirar".
La senadora añadió que algunos de los decretos "son vitales" para iniciativas "como el fortalecimiento de universidades estatales, para llevar adelante los planes institucionales que se han aprobado en distintos cuerpos legales y, por cierto, se genera incertidumbre en los actores que hoy día tiene n que llevar adelante los proceso de nueva educación pública".
Desde la oposición, el senador Andrés Allamand (RN) desdramatizó la situación, ya que "todo el mundo sabe que cuando se inicia una nueva administración es perfectamente razonable que pueda revisar aquellos decretos que se envían a la Contraloría", particularmente en este caso –agregó, debido a la "desprolijidad" con que el gobierno anterior cerró su administración. Y dijo que "creo que la cifra en el gobierno anterior fue similar", emulando ambos procesos.
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