La Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y el Colegio de Contadores elaboraron un documento analizando el proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo.
En el texto, ambas entidades sugieren ajustes en siete áreas de la normativa.
En el primer punto, se propone no aumentar los impuestos personales a los emprendedores, ya que el financiamiento de la mayoría de las PYME -dicen- proviene de los ingresos que genera el mismo emprendedor y que en su mayoría se derivan de las rentas percibidas mensualmente como sueldo.
“Se propone no hacer cambios en el Impuesto Global Complementario cuando se trate de empresarios PYME y entender que un emprendedor que tiene hijos y que recibe una renta de $ 4 millones no es rico, y que junto con financiar a su familia cubre el nulo acceso al sistema financiero que tienen las Pymes”, señala el texto.
En segundo lugar, apuntan a no limitar el uso de las pérdidas tributarias de arrastre a solo el 50% de la renta líquida de cada periodo. “Esto conlleva mayor pago de impuesto a la renta en el presente y limitar los recursos propios para reinvertir y salir de la delicada situación en que se encuentran muchas pymes. Proponemos se elimine esta restricción para las PYME”, aseguran Asech y el colegio profesional.
Un tercer planteamiento se relaciona con mejorar los “tibios” incentivos a la formalización que considera la reforma, proponiendo como alternativa una gradualidad del pago de IVA y del impuesto a la renta para las nuevas empresas en un periodo de 36 meses.
Tasa rebajada y derechos de contribuyentes
Una cuarta sugerencia es mantener en 10% la tasa rebajada de impuesto corporativo a las PYME durante 2023, siempre y cuando tengan ventas menores a UF 100.000 al año.
“A partir de ahí, que se aplique gradualidad en los siguientes dos años, llegando a un 25% en 2026”, señalan.
Otro de los aprontes se relacionada con la limitación para el uso del mecanismo de la reinversión de utilidades a empresas con ventas hasta 75.000 UF. Asech y los contadores piden reestablecerlo para compañías con ventas hasta 100.000 UF.
Las últimas dos propuestas se vinculan con revisar el impuesto a la riqueza para las start-up, las cuales “se verán afectadas negativamente con este impuesto, limitando los incentivos para potenciar en Chile empresas de la nueva economía”; y “fortalecer” los derechos de los contribuyentes en contraposición a las nuevas potestades que tendrá el SII para aplicar la Norma Antielusión, el denunciante anónimo y acceder a la información bancaria de los contribuyentes. “Proponemos entregar mayores atribuciones a la Denacon, por ejemplo, en materia de defensa judicial en favor de las PYME”, recomienda el texto.
“Consideramos fundamental que el Ministerio de Hacienda y el SII se subordine a lo establecido en el estatuto Pyme respecto de los tramos de empresas y beneficios incluidos en la ley”, señala el presidente de la Asech, Marcos Rivas.
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