Como complejo y con variadas aristas técnicas y jurídicas califican desde el gobierno los cambios que se le pretenden introducir a la ley 18.314, más conocida como Ley Antiterrorista. El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, tras el atentado al sub centro de la Escuela Militar ocurrido en 8 septiembre pasado, señaló en reiteradas ocasiones que había que darle celeridad a la elaboración de un nuevo marco regulatorio de la actividad terrorista que fuera eficiente y efectiva, colocando como plazo la última semana de septiembre.
El viernes de la semana pasada la comisión asesora presidida por el abogado Juan Pablo Hermosilla, habría entregado el informe al Ministerio del Interior, aunque- según afirmaron en esa cartera- continuarían ultimando conclusiones. Esta afinación de detalles está retrasando el tema. En ese plano, se están evaluando las áreas normativas, como también, una nueva definición de terrorismo, tomando como legislación comparada la española, que contempla una vasta tipificación de este delito, dada su experiencia con la ETA.
Precisamente el ministro del Interior, tras su viaje a España y Francia de la semana pasada- afirman desde el gobierno- llegó con ideas nuevas, que evalúa incluir en los cambios legales que urgen tras los últimos hechos de actos terroristas acontecidos en el país. En ese contexto, Interior analiza la posibilidad de incluir en el Código Penal la tipificación de terrorismo, mediante una nueva ley que renueve completamente la anterior. Ello no significa, explican desde el Ejecutivo, terminar con la tipificación legal de terrorismo, sino que incluirla dentro de una nueva ley, bajo nuevos artículos y definiciones que cumplan con el principal objetivo trazado desde el gobierno, cual es hacer que cuando se invoque la ley; ésta sea realmente un arma importante, en el campo probatorio y en las condenas. Justamente el argumento esencial del gobierno para no invocar, con la legislación actual la ley, es que no es eficiente para todos los casos. Por ello, se ha recurrido en otros casos a la Ley de Control de Armas, y últimamente en la Araucanía, la Ley de Seguridad del Estado.
En ese contexto, es que aún persisten dudas de último minuto, con el fin de entregar una propuesta concreta y sin vacíos en los próximos días. Desde Interior no confirman ni descartan que el plazo pueda aplazarse una semana más, y nuevamente este viernes no se conozca el detalle. Pese a la premura que existe en el medio, por conocer el nuevo marco jurídico, fuentes de Palacio han restado mayor complejidad en atrasarse un poco más, de acuerdo a los plazos que el mismo gobierno se autoimpuso, debido a que afirman que se ha esperado mucho tiempo, y unas semanas más no alteraría en nada el panorama.
Agentes encubiertos
Otro de los elementos que también se estarían analizando sería la posibilidad de incluir agentes encubiertos en las policías, y que la ley los faculte a tener medidas intrusivas una vez que se esté investigando un hecho terrorista bajo la nueva regulación. En ese plano, se tiene que evaluar qué tan intrusivas van a hacer estas atribuciones y cómo se van a trabajar tanto entre Carabineros y la PDI. Esto, explican en el gobierno, iría por un carril separado de los cambios que, también, se le quieren hacer a la Ley de Inteligencia, pues allí se entra más en el terreno preventivo, con la ANI, como un organismo articulador. Esta otra arista, también se está trabajando en el equipo de asesores jurídicos de Peñailillo, quien, según ha señalado a la prensa, debería tener ya conclusiones resolutorias a fin de este mes.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
